EL RAYO VERDE

Pegas verdes a Las Aletas

Apesar de la declaración de «interés autonómico» que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el martes pasado para garantizar la puesta en marcha del polígono de Las Aletas, «la gran esperanza blanca» para la reindustrialización de la Bahía, la preocupación sigue reinando entre los responsables del proyecto, cuyo consejo rector se volverá a reunir esta semana en Cádiz, presidido por su titular, la subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana Lázaro, «mano derecha» del vicepresidente Solbes.

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Esta última declaración, como se sabe, busca blindar al parque ante el frente jurídico abierto por los propietarios particulares de las fincas de la zona, de modo que sus reclamaciones en los procesos de expropiación no paralicen el proceso.

Desde que se iniciara el contencioso acerca de las expropiaciones de las distintas tierras, en los responsables políticos cundía la alarma por el retraso que pudiera acarrear en los trámites, pero también por la imagen de conflictividad o de inestabilidad que se trasladaba al mercado, y que no animaría precisamente a las empresas que tuvieran interés en asentarse aquí. El escollo se considera superado por esta declaración de «interés autonómico», pero aún queda un hándicap más por saltar: las alegaciones presentadas por Adena y Greenpeace, que vuelven a hacer referencia a la existencia dentro del parque de una zona de dominio público marítimo terrestre, incompatible con el uso industrial, según la demanda; contradictorio con el Plan Estratégico para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, o la posible afectación al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Bahía de Cádiz. WWF/Adena y Greenpeace han pedido incluso que el Plan Especial de Las Aletas sea retirado y sometido a una «Evaluación Ambiental Estratégica».

Aunque algunas de estas cuestiones ya se habían planteado al comienzo de la tramitación del proyecto, y se dieron soluciones alternativas, entre ellas el traspaso de la titularidad del suelo al Ministerio de Hacienda, una jugada maestra de ingeniería administrativa que el tándem Perales-Pizarro logró hace tres años, la preocupación por el «frente ecologista» parece que se reaviva justo cuando el proyecto está ya encarrilado y lanzado, con las conexiones ferroviarias y las comunicaciones resueltas. Cuando se espera que a primeros de enero empiecen a moverse tierras y los camiones -con sus correspondientes empleados y empresarios- lleguen a cientos para adaptar los suelos a sus nuevos usos. Será una gran obra, en la que habrá que cubrir las marismas con varios metros de arena, para luego apisonar y acondicionar, de modo que las canteras van a hacer su agosto, como los transportistas y los obreros de las empresas correspondientes, lo que no es un dato menor con los índices de paro que la provincia registra y las malas perspectivas para el empleo en este ciclo de incierto final.

Es preciso poner en la balanza la necesidad de que la Bahía de Cádiz y sus habitantes mejoren sus condiciones de vida y sus posibilidades de progreso y futuro, en un platillo, y en el otro la preservación de unas tierras baldías, que no han tenido utilidad ni productividad alguna en muchas décadas.

Es el viejo argumento de los pobres, quizá, pero también es lícito que podamos mandar en nuestra hambre, y no admitir que algunos «verdes» cómodamente instalados en despachos europeos revienten la posibilidad de contar aquí, en el corazón de la capital del paro, con un área de actividades logísticas, empresariales, tecnológicas y ambientales.

El desarrollo tiene que ser sostenible, de acuerdo, pero antes tiene que ser desarrollo, digo yo.

lgonzalez@lavozdigital.es