Bruselas multa con 1.383 millones de euros al cartel de cristal para vehículos por pactar precios

La Comisión Europea (CE) ha impuesto a las compañías Asahi, Pilkington, Saint-Gobain y Soliver una multa de más de 1.383 millones de euros, la mayor impuesta nunca a un cartel, por pactar sus precios y repartirse el mercado de los cristales para automóviles. Saint-Gobain, considerada reincidente por Bruselas, ha visto aumentada su sanción en un 60% y tendrá que pagar 896 millones de euros, que suponen la cantidad más alta impuesta a una empresa por participar en un cartel.

Según la CE, las cuatro compañías se reunieron con regularidad entre 1998 y 2003 para repartirse de forma estable el mercado, en el que controlaban entonces alrededor del 90% del cristal utilizado en los coches nuevos y en los repuestos oficiales en la UE. Ese mercado tuvo un valor en torno a los 2.000 millones de euros en el último año que el cartel estuvo en funcionamiento, ha explicado en una rueda de prensa la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.

"Estas compañías engañaron a la industria del automóvil y a los consumidores durante cinco años", ha indicado la comisaria, que aseguró que las multas "son altas por el tamaño del mercado, la seriedad del caso y las violaciones cometidas anteriormente por Saint-Gobain". Kroes ha insistido en que la CE "no tolerará estas prácticas ilegales" y que los directivos y los accionistas de las empresas que "dañan a los consumidores y a la industria con sus carteles deben aprender la lección a la fuerza: si haces trampas, recibirás una multa importante".

Los consumidores afectados podrán denunciar

Tras los casi 900 millones de euros impuestos a la francesa Saint-Gobain -que ya había sido sancionada por Bruselas el pasado año por un cartel del cristal plano- la compañía más castigada ha sido la británica Pilkington, con 370 millones de euros. La japonesa Asahi, que colaboró con la CE en la investigación, ha visto su multa reducida a la mitad y tendrá que pagar 113,5 millones, mientras que la belga Soliver, la empresas más pequeña de las cuatro, abonará unos 4,4 millones.

Bruselas abrió el caso tras recibir una información anónima y en 2005 efectuó inspecciones por sorpresa en los locales de varias de las compañías. Las pruebas recogidas hablan de varios encuentros entre directivos de las cristaleras en aeropuertos y hoteles de Fráncfort (Alemania), París y Bruselas en los que supuestamente se repartían la fabricación de piezas para los nuevos modelos de coches e intercambiaban información comercial.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Kroes se ha mostrado a favor de que los consumidores afectados por el cartel puedan denunciar a las empresas por perjuicios y ha insistido en que es hora de que los directivos de las compañías comprendan que utilizar prácticas ilegales "no es ventajoso para ellos y tampoco para los accionistas".