Opinion

Cumbre de oportunidad

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Las reuniones mantenidas ayer por el presidente Rodríguez Zapatero con representantes de los sindicatos, de la patronal y de las principales entidades bancarias, al igual que la celebrará esta tarde con Mariano Rajoy, responden a la consideración de la presencia de España en la cumbre del sábado en Washington como una suerte de acontecimiento de Estado que justifica la ronda de consultas para su preparación y la búsqueda del mayor arropamiento político y económico posible. Pero es la propia relevancia que el Gobierno se ha esforzado en conferir a la cita, equiparable al revés que hubiera supuesto su ausencia ante la publicidad dada a las negociaciones para asegurarse un asiento en la asamblea, la que le obliga a escuchar las consideraciones planteadas por sus interlocutores y a dotar de contenido concreto a su inclusión en el encuentro del G-20 ampliado. Especialmente cuando Rodríguez Zapatero pretende que el éxito diplomático logrado se perpetúe con la inclusión definitiva de nuestro país en el grupo restringido que se dispone a dirigir la revisión del orden financiero internacional tan severamente atenazado por la crisis. La reivindicación del modelo español que realizaron ayer los responsables bancarios citados en La Moncloa y la coincidencia de los distintos interlocutores en reclamar a Rodríguez Zapatero una posición exigente a favor de una regulación más rigurosa de los mercados sitúan al Ejecutivo ante la premisa desde la que mejor podría combinar los intereses del país con las pretensiones de la cumbre. Que no es otra que una defensa explícita en Washington de la cultura de la prevención y la cautela financieras que ha permitido a las entidades españolas emerger con solvencia en medio de la debacle global, gracias a la escasa porosidad demostrada hasta la fecha ante los activos tóxicos y a las provisiones dispuestas para afrontar un eventual cambio de ciclo que ha acabado produciéndose con una inesperada virulencia. La capacidad de este modelo para erigirse en un referente es uno de los motores que han de guiar el empeño del Gobierno en Washington. El Ejecutivo y también los distintos agentes políticos, económicos y sociales concernidos deben asumir la cumbre como una oportunidad para remarcar la fortaleza financiera de nuestro país de cara al exterior. Pero también, y quizá sobre todo, para ayudar a restablecer la confianza de la propia ciudadanía en una economía acuciada por las dificultades.