Obligados a coincidir

a reunión entre el vicepresidente Pedro Solbes y el responsable del PP en materia económica, Cristóbal Montoro, sirvió cuando menos para situar las relaciones entre Gobierno y oposición en un terreno más constructivo y de moderación de lo que otros portavoces habían dado a entender hasta la fecha. El apoyo del Partido Popular al incremento a 100.000 euros del mínimo garantizado para los depósitos y las reticencias expresadas por Montoro ante la habilitación de un fondo de entre 30.000 y 50.000 millones de euros para aportar liquidez al sistema financiero español permiten a ambas partes profundizar en la discusión de esta última desavenencia, de manera que la concreción de las condiciones y el establecimiento de fórmulas específicas de control parlamentario puedan dar lugar a un amplio consenso político. De esa manera el partido de Rajoy mostraría también su disposición a distinguir la deseable coincidencia de criterios que precisan las respuestas extraordinarias frente a la crisis financiera con la discrepancia más lógica que pueda manifestarse entre gobierno y oposición en la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Ni la obstinada tardanza con la que el Ejecutivo ha ido reconociendo las verdades de la crisis, ni su consecuente parsimonia a la hora de responder a sus efectos podrían justificar el distanciamiento del PP respecto a lo que forma parte de las responsabilidades inherentes a una formación que aspira al gobierno de España. Pero es indudable que corresponde al ejecutivo de Rodríguez Zapatero concretar los modos y tiempos del fondo destinado en última instancia a favorecer la financiación bancaria de empresas y familias teniendo en cuenta las reservas y exigencias expuestas por el Partido Popular, que coinciden con las inquietudes de buena parte de la sociedad española y de los agentes económicos y sociales. Hoy el Consejo de Ministros tiene la oportunidad de articular una iniciativa a compartir con el conjunto del arco parlamentario. Pero sobre todo Gobierno y oposición tienen la obligación de evitar que una situación tan excepcional como la crisis financiera global se convierta en terreno propicio al desarrollo de movimientos tácticos partidistas que, alejándose del interés común, busquen en las dificultades económicas la palanca con la que descolocar al adversario.