Juicio con garantías
La fijación para el 8 de enero del juicio contra el lehendakari Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares y cuatro representantes de la ilegalizada Batasuna por las reuniones mantenidas durante la última tregua de ETA acaba con la incertidumbre en torno a una fecha que se aguardaba desde que se confirmó el seguro procesamiento de los imputados. La coincidencia de la vista oral con la precampaña de los comicios autonómicos puede haber suscitado una cierta sorpresa. Pero si algo vuelve a demostrar el auto dictado ayer es que los ritmos de la Justicia operan en un estadio diferente al que pueden hacerlo la disputa política, aunque resulte ingenuo pensar que el proceso no interferirá en el reñido camino hacia las urnas. Sin embargo, rebajar o elevar el volumen de esa interferencia depende de aquellos que, encontrándose directamente afectados por la causa, están obligados al tiempo, por una responsabilidad institucional y política que atañe particularmente al lehendakari, a encauzar su legítimo descontento hacia el terreno de la mesura y la racionalidad.
Actualizado: GuardarEsa disconformidad no puede llevar a cuestionar en ningún caso las garantías con que se ha desarrollado, y tampoco a incidir, como han hecho el tripartito vasco, en que lo que se está incriminando es genéricamente el diálogo. La salvaguarda del sistema judicial resulta imperativa aunque se discrepe de sus actuaciones, especialmente cuando ese mismo sistema sufre la amenaza de los violentos y el hostigamiento de una izquierda abertzale que siempre tiende a interpretar el diálogo como una concesión hacia sus inaceptables reivindicaciones. De la renuncia por parte de quienes lideran las instituciones vascas a convertir el juicio en una expresión de victimismo dependerá en buena medida que el mismo no se transforme en una plataforma para la legitimación de aquellos que han despreciado reiteradamente la legalidad.
