El Constitucional quiere resolver el recurso sobre el 'Estatut' antes de Navidad

El empecinamiento del PP por impulsar la candidatura de Francisco José Hernando y Enrique López como nuevos miembros del Tribunal Constitucional ha encendido una luz de esperanza en este organismo. El fantasma del bloqueo vuelve con fuerza y si se materializa permitiría alcanzar a la corte, en su actual composición, un anhelo que se ha convertido en prioritario para todos los magistrados sin distinción ideológica: dejar resuelto el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, debate del que depende el futuro del Estado de las autonomías.

El objetivo está al alcance de la mano. Ha sido necesario superar debates que han entorpecido el normal ritmo de trabajo del Constitucional, como la 'guerra de recusaciones', el recurso contra la reforma de la ley que regula el funcionamiento del propio tribunal o las maniobras para descabalgar a María Emilia Casas de la Presidencia una vez vencido su mandato legal, en diciembre de 2007.

Pero en 2008 casi todos los plenos celebrados han sido «jurisdiccionales», cuando lo habitual es que el tribunal delibere en semanas alternas asuntos gubernativos y los que afectan a la interpretación de las leyes, y en todos se ha abordado algún aspecto del recurso contra el estatuto, lo que ha permitido avanzar en el trabajo, según fuentes de la institución.

A la vuelta de vacaciones, la presidenta ordenó acelerar el trabajo. La magistrada Elisa Pérez Vera se dedica casi en exclusiva a la redacción de la sentencia, de la que ya se han aprobado unos 150 folios no sin innumerables enmiendas, según fuentes de la institución, que precisan que, además, faltan por debatir algunos asuntos clave, como el preámbulo que equipara a Cataluña con una nación.

Sin embargo, el tribunal es optimista. Medio centenar de letrados trabajan en el estudio del recurso del PP contra el 'Estatut', y la sentencia puede estar lista a final de noviembre o principio de diciembre. «No gustará a nadie, dejará descontentos a todos», aventuran varios magistrados, pero el texto será la piedra angular sobre la que remodelar el futuro del Estado de las autonomías. Y, como primer paso, cerrar un nuevo modelo de financiación autonómica.

El pacto suscrito el 23 de julio entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición para renovar los órganos judiciales se convirtió en una seria amenaza. Modificar ahora la composición del tribunal -el tercio que compete al Senado más la sustitución del fallecido Roberto García-Calvo, misión del Congreso-, daría al traste con buena parte del trabajo hecho. «La magistrada Pérez Vera sigue, y sigue como ponente, no es que haya que empezar desde cero, pero casi», explica uno de sus compañeros. Otros calculan que la resolución del recurso se demoraría al menos un año. Ese horizonte de tormenta se despejó con la irrupción en el escenario de los nombres Hernando y López, anteriores presidente y portavoz de un Consejo del Poder Judicial que ha vivido la etapa de más virulentos ataques a un Gobierno, el de Rodríguez Zapatero. El PSOE ya tiene un asa al que agarrarse, bloquear el proceso y dar tiempo al Constitucional a que concluya el análisis del recurso del PP contra el estatuto catalán.

Fuentes gubernamentales reconocen que no hay interés en acometer ahora la renovación, y recuerdan que la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega cerró con la Generalitat un aplazamiento del debate sobre la financiación catalana que permitiría al tribunal fijar antes los límites en los que debe aplicarse el 'Estatut'.

Líneas rojas

Si el actual Constitucional falla los recursos contra la ley de autogobierno catalán, la sentencia dará validez en términos generales al texto refrendado hace dos años por los catalanes, pero al tiempo marcará las 'líneas rojas' que deberán respetarse para mantener el texto dentro de la Constitución, según fuentes del tribunal, que aseguran que establecerá los límites dentro de los que el estatuto podrá desarrollarse para que encaje con el concepto constitucional de nación y el reparto de competencias entre Gobierno y autonomías.

Y eso satisface al Gobierno, insisten fuentes del Ejecutivo, que empero dejan en el aire una incógnita sobre el futuro: Rodríguez Zapatero aún no ha dicho la última palabra, y tras la elección del magistrado Carlos Dívar como cabeza del Poder Judicial nadie se atreve a hacer pronósticos.

El PP mantiene firme su apuesta por Hernando y López. O eso parece. El pasado jueves, su portavoz para temas de Justicia en el Senado, reiteró al ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, una oferta de consenso: «a ver si también en el Constitucional damos un buen paso y, cuando haya dictado la sentencia del Estatuto de Cataluña, podemos iniciar conversaciones para renovarlo».

A lo mejor no fue un lapsus, sostienen dirigentes populares, porque el principal partido de la oposición también prefiere que sea éste Constitucional el que dé respuesta a su recurso. La sentencia que abortó la consulta de Juan José Ibarretxe les gustó, contiene elementos doctrinales «interesantes» sobre la soberanía nacional, y un tribunal renovado nunca mejoraría las perspectivas de los populares. Si esa lectura fuese la cierta, Hernando y López serían una mera excusa. Esa es la lectura que hace un senador de CiU: «han elegido a los dos candidatos más problemáticos, su interés no es renovar el Constitucional».