Las asociaciones de vecinos llevarán a la Fiscalía las construcciones ilegales

La Confederación de asociaciones vecinales de Andalucía, CAVA, quiere poner punto y final a las construcciones ilegales. Por este motivo, a partir de ahora, la CAVA elevará a la Fiscalía todas las actuaciones que se consideren ilegales en materia urbanística. Esta afirmación fue una de las principales conclusiones de las jornadas sobre viviendas ilegales que se han desarrollado en El Puerto estos días y donde estuvo presente el presidente de la entidad, Antonio Viruez. Pero, en relación a las viviendas ilegales ya existentes, añadió que «no todo es legalizable y ni el coste que supone reparar esta situación puede ser asumido ni por el Ayuntamiento ni la Administración, sino que tendrán que hacerlo los propios afectados».

Las viviendas fuera del planeamiento urbanístico -viviendas ilegales-, han creado una problemática que no sólo atañe a los intereses particulares de los afectados, sino a la ciudadanía andaluza en general e impide alcanzar un modelo de ciudad sostenible.

Por este motivo, se han desarrollado en El Puerto las jornadas Actuaciones de acción social en políticas de viviendas, que concluyeron ayer, y que tenían por objetivo llevar a debate esta situación y a partir de ahí buscar soluciones. Más de 120 personas de 21 ciudades de Andalucía han participado en el evento.

En relación a los costes y los expedientes sancionadores, algunos asistentes mostraron su discrepancia apoyándose en la responsabilidad municipal y los expedientes sancionadores que, en El Puerto, suponen para algunas familias el pago de más de 50.000 euros en multas coercitivas.

Sin embargo Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto urbanista responsable del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, y ponente en las jornadas, expresó con rotundidad que «los expedientes sancionadores no se van a paralizar», pero que «el dinero que se recaude se invertirá en urbanizar la zona».

Fustegueras comentó en referencia a El Puerto y al PGOU, que al igual que en otras ciudades, «hay que trabajar por un plan de urbanismo reparador a la hora de desarrollar el proyecto» ya que son demasiadas las viviendas afectadas. Pero también aseguró que donde fuera necesario se procedería con los derribos oportunos, ya que considera importante crear una «disciplina urbanística».

Por otra parte, Juan Clavero, representante de Ecologistas en acción, hizo hincapié en el «desastre urbanístico» que se ha creado y, por consiguiente, los grandes problemas de infraestructuras y servicios. «No se puede construir primero y luego planificar el barrio», comentó, «sobre todo cuando la mayoría de las construcciones se han llevado a cabo con un ánimo inversor».

Clavero se pronunció sobre el impacto ecológico y medioambiental que esta situación supone, con la contaminación de los pozos y acuíferos mediante las fosas sépticas o las pérdidas de parajes naturales por la construcción masiva, así como el impacto sociológico. «La gente ya llega a pensar que las leyes urbanísticas están para no cumplirse». Espera que «este plan tenga en cuenta las premisas medioambientales al igual que el derecho constitucional a una vivienda», haciendo referencia a la falta de viviendas de protección oficial».