Los médicos rechazan la regulación para una 'muerte digna' que prepara la Junta
La Organización Médica Colegial de España (OMC) mostró ayer su «rotundo rechazo» frente al anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte -Ley de la muerte digna- propuesto desde la Consejería de Salud de Andalucía, que tildó de «innecesario» por considerar que las leyes actuales «ya recogen sobradamente todos los supuestos» necesarios para garantizar una «muerte digna» a todos los españoles.
Actualizado: GuardarSegún el secretario general de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, el anteproyecto es «pura literatura» y lo que realmente hace falta es desarrollar las leyes vigentes que regulan derechos como la voluntad anticipada, el consentimiento informado o el rechazo terapéutico; así como vigilar su cumplimiento.
Introducir «nuevos elementos» en la legislación como pretende hacer la consejera andaluza, María Jesús Montero, contribuye a «distorsionar la realidad», avivando un debate social «confuso e innecesario» que puede ser «perjudicial» para los intereses de los pacientes, subrayó el secretario general de la OMC.
En referencia al régimen sancionador previsto en el anteproyecto, el presidente de la organización colegial, el doctor Isacio Siguer, dijo que «bajo ningún concepto se puede amenazar o coaccionar a los médicos con multas», en la misma línea de lo que ya argumentaron desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
«La consejera de Andalucía no tiene ningún derecho a imponer multas a los médicos, ¿multas por qué?», subrayó. «Para sancionar las malas praxis existen códigos deontológicos y organizaciones profesionales y para los hechos delictivos están los tribunales», aseguró el doctor Siguer.
«En ningún otro país se ha establecido un régimen sancionador de este tipo y además la base planteada en el anteproyecto ya está contemplada en el Código de Ética y Deontología Médica», explicó el presidente. «Las leyes deben servir para garantizar los derechos en casos de conflicto y para proteger a los más débiles, pero la calidad asistencial sólo se logra con la ética profesional, nunca con la amenaza», argumentó.
Por otra parte, utilizar el «ensañamiento terapéutico» como uno de los argumentos para justificar el anteproyecto de ley supone «generalizar o dar la impresión de que éste es un problema frecuente», según la OMC.
