Más de 2.000 árboles han sido talados en el municipio en los últimos ocho años

«Desde hace una década, El Puerto está sufriendo la mayor deforestación de su historia». Éste fue el mensaje que trajo ayer el parlamentario por IU, Ignacio García, a la ciudad. Además, culpó al Ayuntamiento, a la Junta y a las promotoras inmobiliarias de esta «catástrofe». Según García, «el Ayuntamiento no se ha preocupado de establecer normas claras de protección medioambiental, a lo que se suma la dejación de funciones por parte de la Junta».

Desde el año 2000 se han talado con permiso de la Junta más de 1.200 árboles en la localidad. Además, muchas labores de deforestación son realizadas por inmobiliarias que poseen terrenos forestales. Para García supone «una paradoja» que las promotoras posean terrenos forestales y considera que detrás «únicamente existe el deseo de poder convertir las zonas verdes en promociones inmobiliarias y pegar el pelotazo»

Las solicitudes de desbroce se realizan siguiendo un plan de prevención de incendios forestales, pero García recalcó ayer que «veo sospechoso que las promotoras estén tan interesadas en poseer terrenos forestales donde supuestamente no se puede construir», y aseveró que «detrás de todo puede existir únicamente intereses especulativos».

Sin permiso

Junto con estos árboles, en El Puerto se han talado más de 1.000 ejemplares sin permiso en el Eucaliptar del Ponce y se talaron también sin permiso eucaliptos y arbustos (sin determinar el número exacto) en un total de 4.000 metros cuadrados en la finca de Los Chopos.

Por otro lado, el parlamentario explicó que hay muchas solicitudes de desbroce para prevenir incendios que no se llevan a cabo «sin que la Junta haga nada al respecto». En concreto, apuntó las solicitudes realizadas por José Pinto, propietario de Pinar de Coig, para realizar labores de desbroce que nunca ha llevado a cabo. Así, García recalcó la «peligrosidad que puede suponer para las familias que viven en la zona».

Por otro lado, Ignacio García destacó la «incoherencia» de la Junta a la hora de imponer sanciones, ya que hay zonas en las que las multas por talar pinos sin permisos únicamente se ha penado con 33 céntimos por árbol talado, mientras que en otras ocasiones la cantidad ha superado los 300 euros por ejemplar.

Además, García recalcó la lentitud de la Administración a la hora de imponer sanciones en el caso de las talas realizadas en Bahía Blanca, que están pendientes de expediente desde hace un año.

Por su parte, desde el Ayuntamiento no se han querido realizar valoraciones a la denuncia que realizó Ignacio García sobre la posibilidad de que las constructoras estén interesadas en adquirir terrenos forestales con la única finalidad de construir casas.