Presentan pruebas «definitivas» sobre la titularidad del buque

El Ministerio de Cultura ha presentado las pruebas y principios jurídicos en los que fundamenta la protección del barco español y por los que reclama el retorno a la custodia española de los objetos extraídos por la empresa norteamericana. Los documentos históricos presentados «acreditan que La Mercedes representó un trágico acontecimiento en la historia de España» -afirma Cultura- y que su hundimiento, el 5 de octubre de 1804, tras entrar en combate con un barco británico en el Atlántico, «dio comienzo a una década de guerra que determinaría el desarrollo de la historia de España y de Europa». La «historia completa» de la fragata ha sido reconstruida por un equipo conjunto del Ministerio de Cultura, la Armada, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia y otras instituciones, «demostrando que éste, y no otro, es el pecio expoliado por Odyssey».

Cultura afirma que Odyssey llevó a cabo «en secreto» y «después de haber recibido instrucciones específicas de que estaba prohibida» la extracción del tesoro, compuesto por 500.000 monedas de oro y plata, y que la empresa norteamericana anunció en mayo del pasado año.

La documentación presentada por España «demuestra, además, que la Mercedes estuvo en servicio militar activo con la misión de proteger al Estado español y a sus ciudadanos a lo largo de toda su historia, y también en el momento en que explotó y se hundió en combate». Según el Ministerio, el material presentado «prueba que Odyssey era plenamente consciente de ello», lo que explica «el secreto con que actuó y sus afirmaciones de no conocer la identidad del pecio».

La documentación incluye un «amplio» material fotográfico y otras pruebas «que demuestran que el pecio sólo puede ser la Mercedes», añade Cultura, que precisa que el pecio fue «definitivamente» identificado mediante cañones, anclas, armas, efectos personales y monedas tomadas del barco. «En tanto que buque soberano de la nación española, la Mercedes está protegida por los mismos principios de inmunidad soberana que se aplican a los barcos de Estado de todas las naciones, que prohíben la perturbación no autorizada o explotación comercial de los mismos».