Repatriación frustrada
El retorno a España desde Gambia de un avión con 101 inmigrantes ilegales que iban a ser deportados a su país de origen, de acuerdo con los convenios de repatriación suscritos entre los dos países, supone un manifiesto fiasco diplomático en un capítulo estratégico de nuestra política exterior y de inmigración. Pero la sensación de improvisación y falta de capacidad de reacción para resolver sobre el terreno el supuesto problema burocrático se acrecienta a la vista de las consecuencias del regreso de los inmigrantes que deberán ser liberados en las próximas horas, al expirar el plazo máximo de 40 días para retener a un inmigrante sin papeles. Aunque no cabe descartar una maniobra de presión por la que las autoridades gambianas pudieran pretender mejorar el núcleo de las acuerdos de cooperación suscritos hace tres años, la responsabilidad de los ministerios de Interior y Exteriores es anticiparse a esta eventualidad y mantener una permanente comunicación con los países emisores de flujos migratorios.
Actualizado: GuardarPero el diálogo permanente no excusa el deber de transmitir a los gobiernos subsaharianos un mensaje de firmeza en la idea de que el Ejecutivo español no puede tolerar semejante desaire. Porque si estamos ante un problema burocrático por la falta de una rúbrica es sorprendente que Madrid no tenga la capacidad de reconducir la situación; y si la maniobra esconde una presión para incrementar los cinco millones de euros comprometidos es preciso hacer entender a las autoridades de Gambia que ese procedimientos no es admisible. La frustrada repatriación ha puesto al descubierto algunos problemas colaterales tanto de seguridad como de la posible escasez del plazo de 40 días de retención que el Gobierno debe aprovechar para revisar si es aconsejable.
