Filtraciones e indignidades

Aquí, estos conceptos no están ni siquiera establecidos. Con frecuencia se ha querido tapar mediante un tupido velo lo que debía publicarse, y es bien conocido que lo tratado en las comisiones de secretos oficiales de nuestro Parlamento tarda en divulgarse lo que el parlamentario en contárselo al periodista de cabecera. Y acaba de producirse un caso de insolvencia resonante: las filtraciones procedentes de los trabajos de la comisión que investiga el accidente de un avión de Spanair el pasado 20 de agosto en Barajas, con un saldo trágico de 154 víctimas. Primero se publicó en los medios el borrador del informe, que curiosamente fue reproducido íntegramente en un desconocido portal latinoamericano; más tarde, ha aparecido el vídeo oficial, registrado por las cámaras de AENA, con las imágenes del accidente, sin que el juez instructor hubiera autorizado su divulgación.

Es difícil detectar el origen de estas filtraciones, ya que la comisión es numerosa y el vídeo digitalizado pudo copiarse en la propia AENA por cualquiera. Lo inconcebible es que el Ministerio de Fomento, que tiene la iniciativa de las investigaciones y donde se residencia la comisión, no tomase desde el primer momento el riguroso control de todas las informaciones, que hubieran debido ser custodiadas con gran celo para evitar precisamente lo que acaba de ocurrir. La sensación de esperpéntica ineficacia que transmite Fomento tras haber provocado esta situación es inenarrable.

El colectivo de pilotos civiles se ha indignado por la frivolidad del tratamiento de un asunto de tanta gravedad, en el que se encierran no sólo las presuntas responsabilidades derivadas del propio accidente, sino la seguridad aérea futura, ya que del desentrañamiento de los accidentes se desprenden lecciones muy útiles para la prevención de nuevos siniestros. Es además patente que la información almacenada mediante los sistemas de backup de los aviones -las cajas negras- debe ser manejada con estricta confidencialidad ya que tales grabaciones tienen por objetivo primordial la vigilancia de la seguridad y no el servir de prueba acusatoria contra las tripulaciones. Pocas profesiones resistirían un control tan estricto si no se aceptara previamente dicha convención. ¿Alguien se imagina lo que dirían los cirujanos, por ejemplo, si alguna administración pretendiera registrar en vídeo todas sus intervenciones?

Más indignada debe estar la opinión pública al asistir a este colosal desmadre, que arruina honras y sociedades anónimas sin el menor reparo antes de cualquier decisión judicial, cuando se percata de la extrema frivolidad con que la Administración pública aborda el asunto. Porque cuando apenas acaban de ser enterradas las víctimas, el peloteo de responsabilidades que solapadamente está teniendo lugar es una obscenidad. Para coronar el escándalo, sólo faltaba que los bufetes de abogados americanos se lanzaran como aves de rapiña sobre la presa para conseguir colosales indemnizaciones a costa de los fallecidos, como ha ocurrido esta vez.

La consistencia y la calidad de los países no sólo se miden en términos macroeconómicos, mediante grandilocuentes indicadores, son las conductas públicas las que mejor describen la prestancia de los modelos y la solidez de los sistemas. Y aquí, acabamos de dar muestras de una debilidad enfermiza que nos sitúa en el ámbito de la inmadurez tercermundista. Alguien deberíadar la cara para explicar esta sinrazón.