¿Quién tiene la culpa de la crisis?

Al alborear 2007 era patente que España, como algunos otros países europeos, tendría que enfrentarse antes o después a una crisis en el sector inmobiliario, que se había recalentado hasta extremos insoportables que anunciaban el pinchazo de la célebre burbuja o, como mínimo, una desaceleración rápida que tendría consecuencias graves sobre la actividad y el empleo. La responsabilidad de aquella situación era muy amplia, como lo era el mérito de la larga bonanza de que disfrutábamos: tanto los gobiernos del PP como los del PSOE miraron con aprensión el fenómeno pero no hicieron nada, ya que el ladrillo era uno de los principales motores del fuerte crecimiento económico.

Pues bien, cuando nos hallábamos en aquella circunstancia sobrevino la gran crisis financiera internacional, desencadenada por las hipotecas subprime, a su vez consecuencia de una falta lamentable de regulación de ese mercado en los Estados Unidos. La contaminación de los activos basados en aquellos valores corruptos se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, afectando a la liquidez en los mercados internacionales. Y a este desastre se ha añadido la subida de precios de las materias primas. Naturalmente, nuestro problema autóctono del sector inmobiliario se ha agigantado al entrar en contacto con la crisis general.

Cada cual sabrá sin duda poner padre o padres a esta pésima coyuntura, que ha sumido a la mayoría de los países de nuestro ámbito en la recesión o en el estancamiento. Deberían, pues, dejar nuestros líderes de arrojarse por esta causa los platos a la cabeza, aunque fuese sólo por no irritar más a una ciudadanía aprisionada en el problema, que espera al menos recibir el aliento y el cuidado de sus representantes democráticos.

Sí requiere, en cambio, comentario aparte la gestión que hace el Gobierno de la crisis, que merece alguna censura. Porque a veces da la impresión de que la preocupación principal del Ejecutivo es poner de manifiesto que no es suya la responsabilidad de la catástrofe, olvidando que lo que urge ahora es acompañar cálidamente a la ciudadanía en este amargo viaje, proporcionando, además de los limitados recursos disponibles para paliar las carencias materiales, el debido respaldo moral y las dosis de confianza que mitiguen la tortura de la espera.

En otras palabras, las medidas del Gobierno contra la crisis, que se prodigan con la conciencia de que equivalen a dar aspirinas a un moribundo, no son criticables por su cortedad y deberían ir acompañadas de una gestualidad más cercana a la gente, más cuidadosa con la tribulación ajena. No se puede decir impunemente en esta hora que la recesión puede servir para limpiar el sistema económico (Solbes), ni es legítimo insinuar que, pese a la adversidad actual, la mayoría de los españoles no había vivido nunca tan bien como ahora (Blanco).

Todo esto no significa que el Gobierno sea insensible, que no lo es. Quiere decir apenas que en su afán porque quede de manifiesto su inocencia, cae en la tentación de minimizar el problema, lo cual es una dura afrenta para quienes padecen los mayores rigores de la situación. Es cierto que el Gobierno tiene que ser optimista en razón del cargo -el pesimismo gubernamental tendría un efecto psicológico muy negativo sobre la coyuntura-, pero esa disposición de ánimo no es incompatible con una aproximación mayor y más cálida al drama personal de una sociedad que empieza a acusar con claridad el dolor de las heridas.