Las ilegales 'marcas blancas'

Lamentablemente los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que fueron elegidos en las pasadas elecciones municipales conservarán su representación, como los parlamentarios del PCTV mantienen su escaño parlamentario (conviene no olvidar que ambas organizaciones ya fueron suspendidas cautelarmente por la Audiencia Nacional en febrero). Como se recordará, cuando salió a la luz ANV poco antes de las municipales de mayo del año pasado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no consideraron posible solicitar la ilegalización de la organización, que había adoptado el nombre y la estructura de un pequeño partido nacionalista creado nada menos que en 1930, por lo que tan sólo impugnaron las listas que por su composición resultaban sospechosas de continuar la acción de Batasuna. En suma, ANV consiguió 337 concejalías en el País Vasco y 93 en Navarra, lo que le supuso el logro de 33 alcaldías en Euskadi y nueve en Navarra.

Las razones de que no se impugnaran todas las listas ni se reclamase la ilegalización entonces son vidriosas. De un lado, parece claro que por aquellas fechas el Gobierno no estaba todavía plenamente convencido del fracaso irremisible del llamado proceso de paz, pese a que ya se había producido el atentado de la T-4 y quedaban bien pocas esperanzas de que aquella iniciativa saliese nuevamente a flote.

De otro lado, es también indiscutible que la ilegalización de un partido político es probablemente la acción represiva más trascendente y delicada que pueda acometer un régimen democrático, ya que afecta a su propia sustancia medular. Ello implica que tales propuestas tienen que estar muy sólidamente fundamentadas jurídicamente.

Sea como sea, estas ilegalizaciones cierran definitivamente la vieja polémica sobre la posibilidad de un final negociado de la violencia. Polémica que probablemente no se reiterará en el futuro, porque ETA ha ingresado en una clara posición de insolvencia y el fracaso del último intento ha terminado de desacreditarla como interlocutora. Ahora se plantea un nuevo paso en la dirección abierta por la Ley de Partidos: la de tantear la posibilidad de disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.

No puede pasar inadvertido que el nacionalismo vasco critique con severidad tales medidas, que privarían supuestamente de cauce representativo a un sector social vasco. Las críticas a esta actitud son innecesarias, porque las dicta el propio sentido común. En el fondo el PNV sigue pensando que mientras unos mueven el árbol otros recogen con aprovechamiento las nueces.