Los vecinos rechazarán el plan de legalización de sus viviendas si Urbanismo no rebaja los costes

La reunión mantenida por las cinco Federaciones de Asociaciones de Vecinos que existen en Chiclana con el delegado de Urbanismo, el alcalde y los técnicos del equipo de Fustegueras el pasado mes de junio lanzó una conclusión clara: el proceso para regularizar más de 15.000 viviendas ilegales se podría paralizar por las quejas de los propietarios ante los elevados costes que debían afrontar.

Pues bien; apenas tres meses más tarde, y después de que Butrón adelantara ayer su intención de llevar a aprobación plenaria el Plan Director de Infraestructuras y las Ordenanzas que deberán regular esta legalización masiva de 18 millones de metros cuadrado de suelo urbano no consolidado, los vecinos siguen pensando lo mismo.

«Si Urbanismo no rebaja los costes de la regularización volveremos a plantarnos y a decir que no al proceso». Son palabras de Salvador Almagro, dirigente de la Federación de vecinos Pagumo, que insistía ayer a LA VOZ en el hecho de que «la mayoría de los propietarios de viviendas ilegales no podemos pagar de ninguna manera lo que nos piden».

El enfrentamiento está servido, mucho más si se tiene en cuenta que los colectivos que aglutinan a los propietarios no han tenido conocimiento formal aún de que la Gerencia de Urbanismo quiera explicarles nada «salvo por la prensa». De hecho, la convocatoria del Consejo Económico y Social anunciada ayer por Butrón les pilla por sorpresa. «Veremos si en ese encuentro nos saca de dudas», aseguró Almagro.

Expedientes

Por su parte, otra de las Federaciones más sensibles a este asunto, la de Rana Verde, aseguraba ayer que «las cantidades que nos piden por metro cuadrado y los papeles son altísimas y hay mucha gente que no puede pagarlas ni soñando». Su portavoz, Guillermina Ramírez, asegura que esta zona será una de las que más ventajas tenga a la hora de dotar de servicios públicos al extrarradio, puesto que «se encuentra urbanizada en parte». Sin embargo, para ambos dirigentes vecinales, que representan a más de 15.000 familias chiclaneras con casas ilegales, «no sería ningún problema paralizar el proceso de legalización si no se nos tiene en cuenta a partir de ahora en todo el proceso».

De momento, las intenciones de Urbanismo son llevar a aprobación en octubre el Plan Director de Infraestructuras y las Ordenanzas. En esa sesión plenaria, el Gobierno tripartito de PP, IU y PA no tendría mayoría absoluta tras la marcha de la edil del PSA, María de los Ángeles Polanco.

Butrón, en este sentido, insistió en que «todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será poner en marcha este proceso», auguró.

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