Teófila Martínez y la financiación municipal

Una de las primeras voces en sumarse a esa bandera ha sido la de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que ha denunciado el hecho de que desde los ayuntamientos se asuman competencias de instancias superiores como las políticas sociales y de vivienda que, en principio, habrían de concernir a la Junta de Andalucía. A su juicio, resulta ofensivo que los ayuntamientos sólo dispongan del 12,8 por ciento de los recursos del Estado para asumir su condición de primera instancia administrativa a la que suelen recurrir los ciudadanos cada vez que un problema se cruza en su camino.

Más allá de las discrepancias en torno a los censos que fijan en gran medida el prorrateo de las ayudas oficiales, lo que la alcaldesa gaditana reclama son medidas estructurales, como el Pacto Local que se comprometió a elaborar el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en 1995 con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La elaboración efectiva de dicho proyecto se había cifrado en cuatro años pero trece años después parece seguir durmiendo el sueño de los justos.

Pero no sólo desde el Partido Popular se oyen voces en este sentido. Bastaría oír lo que, de forma pública o privada, dejan traslucir los principales responsables municipales de las otras dos grandes ciudades de la provincia, la alcaldesa jerezana Pilar Sánchez o su homólogo algecireño, Tomás Herrera, ambos del PSOE. El socialista Francisco Toscano, influyente alcalde de Dos Hermanas y presidente de la Federación Andaluza de Dos Hermanas, ha reclamado explícitamente al PSOE y al PP que dejen de usar a los ayuntamientos como arena idónea para su eterna batalla política: «Un pacto de estado sobre financiación local tiene que estar por encima de las batallas partidistas, por lo que PP y PSOE se tienen que sentar y dar solución en el conjunto del país», declaró Toscano esta misma semana.

Uno de los principales teóricos del municipalismo gaditano es Pepe Mier y su gestión al frente de la Zona Franca podría calificarse como ejemplar a la hora de articular una relación de convivencia con la administración municipal de la capital, en manos ideológicas bien distintas a la que él representa y con el futuro hospital como mascarón de proa de esa necesaria cooperación que tiene que, en la escena local, tiene que ir más allá de las siglas aunque conservando cada cuál su orientación partidista.

Si ese ejemplo no se extiende, a escala autonómica y estatal, los consistorios van a tenerlo difícil. Ya hay ayuntamientos que están valorando recortes de plantilla en base a expedientes de regulación de empleo porque no cuentan con suficientes recursos para cubrir los costes salariales de una nómina que, paradójicamente, no suele estar sobredimensionada más allá de los cargos de confianza: desde las primeras elecciones locales libres de las que, el próximo mes de abril, se cumplirán treinta años, hasta hoy el abanico de las competencias municipales ha crecido exponencialmente, en apartados como cultura y festejos, asistencia social o fomento del empleo. ¿De dónde saldrá el dinero necesario para seguir prestando estos servicios en el marco de una crisis económica que afecta fundamentalmente a la construcción, un sector que había contribuido no sólo a llenar algunos bolsillos de funcionarios y munícipes manifiestamente corruptibles sino a auxiliar con todas las de la ley a las finanzas de los ayuntamientos?

En los próximos días, habrá de reunirse el Consejo Andaluz de Concetración Local, el máximo órgano de coordinación entre la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Se trata de concretar el listado de competencias que los ayuntamientos recibirán y que deberán incorporarse a la Ley de Régimen Local de Andalucía. Pero si los ayuntamientos se enfrentan a una situación precaria a todas luces, la Junta tampoco está para echar campanas al vuelo: el endeudamiento público aparece como el principal recurso autonómico para, en palabras del vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán «mantener el gasto de inversión y no declinar en las políticas sociales llevadas a cabo hasta ahora». Lo que sorprende es que el mismo Javier Arenas que hace una semana reclamara a la Junta que avalase ante los bancos las hipotecas particulares, lo que supondría una espiral de gasto público incomensurable, ahora le reprocha a Chaves que no se apriete el cinturón. Momento veleta: ahora, la austeridad es la política que reclama el PP a todas las escalas. A la vista de cómo están las economías europeas gobernadas por la derecha -Francia y Alemania ya están bajo cero-, se nota que no son ellos quienes tienen que administrar los recursos y ganarse la antipatía social.