Pesada herencia en Baleares

Dejar embarrancado precipitadamente al partido propio en la adversidad y recalar en una cómoda ubicación profesional muy alejada del desastre, y probablemente preparada de antemano para prever la mala contingencia, muestran una concepción ruin de lo público, en la que o se gana o se abandona. Matas resistió la derrota en 1999 porque Aznar lo hizo ministro; en 2007, ya no podía darse el caso.

La trayectoria del PP al frente de la autonomía balear no ha sido particularmente brillante. Tras la instauración de las instituciones autonómicas en 1983, un personaje rústico y gris, Gabriel Cañellas, en la presidencia del Consell hasta 1995, acabó en los tribunales por -entre otros- el 'caso del túnel de Sóller', que compendió una determinada manera de gobernar, entre el amiguismo y la falta de escrúpulos. Pero ha sido durante el segundo mandato de Jaume Matas, entre 2003 y 2007, cuando al parecer se impuso el descontrol en varios niveles de la Administración del archipiélago.

Hasta el momento, la degradación conocida ha alcanzado a los segundos y terceros niveles de aquel equipo que perdió las últimas Elecciones. En Andratx, uno de los municipios urbanísticamente más activos, el alcalde popular encabezaba la corrupción; el viejo 'caso Bitel' se ha enmarañado con nuevas revelaciones e imputaciones; quien fuera teniente de alcalde de Urbanismo de Palma en la pasada legislatura ha reconocido haber gastado ingentes cantidades de dinero, mediante una tarjeta de crédito oficial, en clubes de prostitución y drogas; y, más recientemente, se ha constatado que el Consorcio de Turismo Joven, en manos de promesas provenientes de las Juventudes del partido conservador, era una cueva de ladrones.

Es evidente que hay quien va a la política para prestar filantrópicamente un servicio público y quien entra en ella sencillamente para enriquecerse, como lo es también que siempre un responsable público puede ser traicionado por algún colaborador corrupto sin su conocimiento. Lo que alarma de las revelaciones sobre la legislatura anterior es la secuencia interminable, el resultado creciente de la investigación de la Fiscalía, que parece indicar que lo ocurrido responde a una determinada concepción de lo público, a una especie de sensación de todo vale que se había extendido por todos los niveles de la Administración autonómica.

Porque, de hecho, al descubrirse el último escándalo, se ha conocido que la consejera de Presidencia acarreaba también una larga historia de despilfarros.

Además, la pésima gestión de los recursos públicos del último Gobierno Matas tiene hitos inefables, como los 490 millones de euros destinados a un inservible y poco necesario metro de Palma -tuvo que ser cerrado durante diez meses para remediar los defectos de mala ejecución-; los 200 millones de deuda acumulados por la televisión balear o las faraónicas autopistas de Ibiza, rechazadas por la opinión pública y mucho más caras de lo calculado

El electorado optó por impulsar importantes cambios en las últimas Elecciones autonómicas y locales. Los nuevos equipos han tenido la decencia de no capitalizar aquellas actitudes delictivas, aunque algún dirigente del PP haya tenido el lapsus de lamentar el celo de los investigadores. Tanto ha sido así que algún caso detectado, como el protagonizado por el ex concejal de Urbanismo, no fue denunciado por la alcaldesa de Palma hasta poco después de las Elecciones del 11-M, con el fin de que no influyera en ellas.

No hace falta decir que quienes ahora gobiernan en las Islas tienen una doble obligación de rigor y honradez: además de ser consecuentes con sus propios principios, han de convencer a la ciudadanía balear de que no todos los políticos son iguales. También el PP, en Baleares y en todo el Estado, tiene que incluir una reflexión parecida en el centrado que ha decidido impulsar Mariano Rajoy, y que, sin duda, incluye la extirpación del cáncer de los desaprensivos.