El Consistorio denuncia la parcelación ilegal de unos terrenos junto al Circuito

El delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, compareció ayer ante los medios de comunicación para anunciar que el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto caso de parcelación ilegal, en relación a unos terrenos de 78.000 metros cuadrados ubicados junto al Circuito de Velocidad.

Como explicó Crisol, la alarma se desató cuando un ciudadano se presentó en Urbanismo, hace algo más de una semana, para informar de que una promotora estaba publicando un anuncio en la prensa en el que ofrecía una parcela de 500 metros cuadrados por 18.000 euros. La persona interesada en cuestión, que solicitaba datos sobre ese suelo para su posible compra, tenía en su poder una nota simple registral y unos planos facilitados por la empresa, en los que figuraba incluso la delimitación de los terrenos en 122 parcelas y la identificación de las calles.

Sin embargo, cuando los técnicos tuvieron conocimiento de este hecho se percataron de que se trata de un suelo no urbanizable de especial protección agraria, algo que viene especificado de ese modo en el Plan General de Ordenación Urbana, que lo cataloga como suelo rústico. Ello implica, por tanto, que la legislación actual no permite su venta y, mucho menos, que albergue cualquier tipo de construcción. «Cualquier actuación habría de ser autorizada por la Junta de Gobierno Local -subrayó el delegado- y para una construcción se requeriría licencia, pero en este caso es imposible. A pesar de ello, la promotora facilita a los interesados un préstamo personal a través de una entidad financiera para la compra, por un periodo de seis años».

Una vez que el Consistorio tuvo la constatación de esta situación, se presentó la denuncia formal en el cuartel de la Guardia Civil, tras lo que varios técnicos de la inspección urbanística se desplazaron a los terrenos. Los especialistas pudieron comprobar que, aunque aún no se han producido trabajos de parcelación, sí hay personas que visitan a diario la finca y realizan labores de medición.

Por ello, Crisol define la forma de actuar municipal como «una acción preventiva» y, aunque no existe intención de sancionar, si fuera necesario asegura que se tomarían las medidas oportunas. Por el momento, lo que sí ha llevado a cabo el personal de la inspección es la pega de carteles por toda la zona, en los que se advierte de que se trata de suelo no urbanizable y, por tanto, donde no se puede construir.

«Hemos actuado de la manera más rápida posible y hemos dado una semana de plazo para que se investigue el tema antes de hacerlo público, pero está claro que había que mandarle el mensaje a la ciudad de que no permitiremos labore de parcelación y construcción ahí». Una de las pocas opciones para cambiar tal circunstancia sería la de recalificar el suelo en el próximo PGOU, algo que no está contemplado, como aclaró el delegado.

Mientras los terrenos continúen siendo de especial protección agraria, el Ayuntamiento garantiza que defenderá tal consideración con uñas y dientes, con el objetivo de que no ocurra en Jerez como en otras zonas del litoral, donde se levantan edificaciones que están muy alejadas de la legalidad. Precisamente la promotora implicada en esta venta, cuyo nombre prefirió el delegado mantener al margen, ha impulsado numerosos negocios urbanísticos en diversas localidades de la costa.

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