Justicia estudia limitar la libertad de los etarras que hayan cumplido condena

El Gobierno baraja distintas medidas para vigilar y limitar la libertad a los terroristas que salgan de la cárcel tras cumplir sus penas, de forma especial a los que no hayan demostrado signo alguno de arrepentimiento y tengan un «pronóstico negativo de reinserción». Estas medidas aún están en fase de estudio, pero hay voluntad política de llevarlas a la práctica, según explicó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

La reflexión está en línea con las aportaciones que el PP quiere realizar en septiembre próximo al paquete de iniciativas legales que va a impulsar junto al PSOE para aumentar la protección a las víctimas del terrorismo y evitar que se produzcan más casos como el del ex jefe del 'comando Madrid', Iñaki de Juana Chaos, quien abandonó la cárcel tras cumplir su condena sin muestra alguna de arrepentimiento y va a vivir en el mismo edificio del barrio de Amara de San Sebastián que algunas víctimas de ETA. La sintonía entre ambos partidos para abordar el problema quedó reflejada en la entrevista que mantuvieron en La Moncloa sus líderes en julio pasado.

El ministro de Justicia y el vicesecretario y portavoz del PP, Esteban González Pons, lanzaron ayer mensajes coincidentes desde diferentes lugares: este paquete de medidas, penas adicionales y reformas legales que estudian aplicar a los terroristas no reinsertados podría incluir buena parte de las medidas de seguridad pensadas para aplicar a medio plazo a los maltratadores, pederastas y agresores sexuales con pronóstico de reincidencia.

Actuaciones preventivas

Las actuaciones preventivas tras el abandono por parte de los terroristas de los centros penitenciarios pueden abarcar desde medidas como la vigilancia mediante dispositivos electrónicos hasta la prohibición de residir o acudir a determinados lugares donde residan víctimas de ETA. Otras opciones de libertad vigilada que están en estudio son la obligación de vivir en un lugar determinado o la de seguir diferentes terapias o cursos orientados a la reinserción social, entre otras.

Las acciones, según el abanico final, pueden utilizar elementos ya existentes en el Código Penal o pueden requerir cambios en esta y otras leyes, así como la aprobación de nuevas normas. Sólo cuando todo el paquete de actuaciones se concrete de forma definitiva se podrá saber si se trata de medidas que se podrían aplicar a los terroristas todavía presos, si son acciones sólo aplicables a futuros condenados por estos delitos e, incluso, si sólo se podrán imponer a terroristas por atentados o hechos posteriores al momento de la aprobación de los cambios legales.

En cualquier caso, adoptar medidas limitativas de la libertad y establecer mecanismos de vigilancia electrónica son dos de las opciones preventivas que baraja el Gobierno para controlar a los terroristas que, tras cumplir su condena, no den muestras de reinserción. Una opción en la que cuenta con el apoyo entusiasta del primer partido de la oposición.

La protección de las víctimas de ETA también pasa por impedir el disfrute de bienes a quienes tengan condenas que impliquen responsabilidades civiles que no han sido satisfechas, según aseguró Fernández Bermejo durante su participación en los cursos de verano de la localidad madrileña de El Escorial.

Pulseras electrónicas

El ministro de Justicia hizo hincapié en la importancia de que todas las iniciativas que se suscriban en este sentido estén dentro del marco de la Constitución, y calificó como «muy eficaz» la posibilidad de establecer «limitaciones posdelictuales» a quienes vayan a abandonar la cárcel. Las medidas, indicó, se harían efectivas tanto en los casos de terrorismo como en los de pederastia y permitirían «vivir en libertad, pero en régimen de limitación».

«Se trata de establecer mecanismos de vigilancia directos, que se pueden articular a través de medidas electrónicas», aseguró el ministro. Este sistema de seguridad, a través de pulseras controladas por GPS u otros mecanismos similares, se aplica ya a los maltratadores en Cataluña, Baleares y Comunidad de Madrid, y se espera extenderlo a lo largo de 2009 al resto del país. El sistema tiene como principal objetivo evitar que los agresores ataquen de nuevo a sus víctimas, pero también permite controlar sus movimientos.

El titular de Justicia también señaló que el margen de medidas que podría adoptarse es amplio, pero que antes se necesita una herramienta legal que permita aplicarlas porque si no, «por mucha imaginación que le echemos, no tendremos la posibilidad de hacerlo».

Fernández Bermejo retomó el tema de las reformas durante su discurso en la conferencia inaugural del curso 'Derechos Fundamentales y Justicia Penal'. «Cualquier reflexión en materia de limitación de derechos fundamentales debe distanciarse del momento», comentó.

En opinión del ministro, las grandes decisiones deben tomarse con la mente puesta en el horizonte y no con la mirada en el corto plazo. Las emociones negativas que generan los actos terroristas, las muertes por violencia machista y los delitos de pederastia deben quedar de lado para reflexionar sobre esos hechos desde la distancia, insistió. El ministro de Justicia aseguró ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue con atención el caso de Iñaki de Juana Chaos y de ser necesario actuará «con toda contundencia». «El Estado de Derecho no va permanecer impasible ante cualquier alteración del Código Penal», afirmó Mariano Fernández Bermejo.

El titular de Justicia hizo referencia a la investigación que se encuentra en curso en la Audiencia Nacional y que pretende determinar si el ex jefe del 'comando Madrid' enalteció a ETA a través de una misiva que se leyó en su nombre durante el homenaje que varios cientos de radicales le tributaron en San Sebastián el día de su puesta en libertad.

«La Fiscalía está atenta a todo lo que está ocurriendo en este ámbito y el Estado de Derecho no va a permanecer impasible en absoluto. Ante cualquier alteración del Código Penal que se produzca, se actuará con toda contundencia», afirmó. La investigación, en manos del Juzgado Central número 6, está pendiente de que en las próximas horas lleguen al tribunal los informes de la Guardia Civil y de la Ertzaintza sobre la carta de De Juana y el homenaje, tras la entrega, el viernes pasado, de su análisis por la Policía Nacional. A la vista de los documentos, la Fiscalía pedirá al juez las primeras diligencias, entre la que podría estar el interrogatorio como imputado del propio De Juana.