MINISTRAS. María Teresa Fernández de la Vega y Magdalena Álvarez, ayer. / EFE
Economia

El Estado privatizará un 30% de AENA, lo que le reportará 9.000 millones de euros

Las autonomías participarán en la gestión de los aeropuertos, primero El Prat y Barajas, y luego Málaga y Mallorca

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El Gobierno ha abierto por fin el melón de Aena. Ayer, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, explicó que el Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' al que será el nuevo modelo aeroportuario, que dejará en manos privadas un 30% de la actividad de gestión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Una operación que reportará a las arcas públicas unos 9.000 millones de euros, pues toda la empresa pública está valorada en cerca de 30.000 millones.

Al tiempo, las comunidades autónomas también participarán en las decisiones estratégicas que afecten a 'sus' grandes aeropuertos mediante unas sociedades filiales constituidas junto a la futura Aena y en la que tendrán una participación «determinante» pero no mayoritaria. En principio, sólo la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña entrarán en este proceso, que más tarde podría extenderse al Gobierno Balear y a la Junta de Andalucía en virtud de la pujanza de las instalaciones de Palma de Mallorca y Málaga. La navegación aérea quedará siempre en manos del Estado.

Álvarez destacó que el nuevo modelo, que aún está por definir, separará bajo dos empresas independientes la gestión aeroportuaria (dedicada a las tasas y al funcionamiento de los aeródromos, entre otras cosas) y la navegación aérea, que engloba lo relativo al control aéreo, los slots, y, en general, todo aquello que sucede 'en el aire'. La primera de las compañías, que aún no tiene nombre oficial, será la que -tras la pertinente valoración por parte de un banco de inversiones- se privatice en hasta un 30%.

Salida a Bolsa

Es más que probable que ese paquete se saque a Bolsa, con una parte dedicada a inversores institucionales y otra a minoristas. Las Cámaras de Comercio, numerosas entidades y hasta las aerolíneas han mostrado ya su interés en participar en el proceso. Esa futura compañía será la que determine, por ejemplo, cómo, quién y de qué manera maneja los locales comerciales o los aparcamientos de los aeropuertos. La cuestión no es baladí, pues los aeropuertos son verdaderas empresas que generan miles de millones de euros y numerosos puestos de trabajo. Una 'perita en dulce' que la que muchas empresas llevan tiempo pensando.

Álvarez, que comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia para informar del proyecto, subrayó que el funcionamiento de los aeropuertos seguirá siendo en red y que el Estado mantendrá el control. Además, la firma (70% pública-30% privada) será, como ya lo es hoy la propia Aena, autosuficiente desde el punto de vista financiero y presupuestario, con lo que no costará un euro al Estado. El objetivo, añadió la ministra, es «garantizar la seguridad y la calidad del servicio»

La presencia y, sobre todo, el peso de las autonomías en el nuevo organigrama están aún por definir. El límite se ha situado en los 30 millones de personas, con lo que sólo tendrán su parte de la tarta la Comunidad de Madrid (Barajas mueve al año 52.1 millones de viajeros) y la Generalitat (El Prat vio aterrizar y despegar en 2007 a 32,8 pasajeros). Es más que probable que en un futuro Palma de Mallorca (23,2 millones) y Málaga (13,5) incorporen a la lista.

Desde Barcelona, la Generalitat apreció el movimiento como «un paso adelante» que, sin embargo, es «aún insuficiente». Más duro fue Convergencia i Unió, que calificó el proyecto de «un mero maquillaje que no satisface las necesidades» de los aeropuertos catalanes.