Un embajador especial buscará cerrar acuerdos para que voten los inmigrantes

El Gobierno nombrará un embajador especial cuya misión será negociar acuerdos de reciprocidad con los países de origen a fin de que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales. El diplomático, que será designado en agosto, intentará suscribir los tratados Estado por Estado y comenzará con los países con mayor número de residentes en España.

Más de 3,1 millones de extranjeros extracomunitarios residen legalmente en España y serían potenciales votantes en los comicios locales. El colectivo más numeroso es el marroquí, con 676.000 ciudadanos, seguido por el ecuatoriano, que alcanza ya 451.000 personas. Tras ellos están los colombianos (326.000), los argentinos (287.000), los bolivianos (238.000) y los dominicanos (113.000).

La reciprocidad que exige la Constitución para ejercer el derecho al voto plantea enormes dificultades. España tiene ya firmados acuerdos con Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, pero sólo se aplica el sellado con el país báltico. El embajador especial intentará allanar el camino para que se firmen tratados similares con Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia, cuyas legislaciones permiten la extensión a los españoles del derecho al voto en sus respectivas elecciones.

A partir de ahí, la diplomacia española poco podrá hacer, salvo convencer a los diferentes gobiernos de que cambien sus leyes. Y algunos como Ecuador, Brasil, Guatemala o República Dominicana tendrían que reformar sus constituciones.

En urna

La vicepresidenta primera del Gobierno expuso ayer esta situación ante la comisión Constitucional del Congreso y se comprometió a «buscar las fórmulas» que permitan superar los obstáculos legales. «Extender el voto a los extranjeros -explicó- significa no sólo cumplir una condición que facilitará su integración en la vida política y social, sino también cumplir un compromiso de estricta justicia».

Fernández de la Vega explicó también las dificultades legales y prácticas para reforzar las garantías del voto de los españoles residentes en el extranjero. El PP ha propuesto el «voto en urna», que permitiría a los emigrantes votar como el resto de sus compatriotas, pero la vicepresidenta alertó de que para ello sería necesario habilitar un gran número de mesas electorales en los 157 consulados de España y colocar en cada una de ellas 52 urnas, una por cada circunscripción provincial, para el Congreso y otras tantas para el Senado, además de los problemas de interventores, papeletas y estructura administrativa electoral.

De la Vega apostó por facilitar a los emigrantes españoles el voto electrónico, que tendría menos dificultades técnicas, pero endosó la búsqueda de propuestas a la subcomisión parlamentaria que se creará en otoño en la cámara baja. El PP interpretó este encargo como una maniobra dilatoria del Gobierno e instó a la vicepresidenta a presentar un proyecto de ley del Ejecutivo porque, según dijo su portavoz, Celso Delgado, permitiría una tramitación más rápida. El parlamentario popular aconsejó tomar como base la ley aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia que regulará el voto de los 330.000 gallegos residentes en Latinoamérica.

PSOE y PP se comprometieron a acelerar los debates y buscar un consenso que culmine con una propuesta de reforma de la Ley Electoral a fin de que los emigrantes puedan votar con más garantías y transparencia en los comicios de Galicia, en 2009.