El personal de Violencia de Género se planta ante el impago de las horas extra

Los funcionarios que desempeñan su labor en el Juzgado de Violencia de Género de Jerez han salido a la palestra para reivindicar el pago de las horas extra que la Administración les debe desde que comenzó la andadura de este órgano, a finales del mes de diciembre. Los diez trabajadores afectados aseguran que su paciencia se encuentra al límite, ya que ni tan siquiera desde la Delegación provincial de Justicia les garantizan que ese pago vaya a producirse algún día, alegando que la Junta de Andalucía carece de fondos suficientes para ello.

Como explicaron a LA VOZ, estos profesionales, que se encuentran en comisión de servicio y tienen su plaza por tanto en otros juzgados, escogieron voluntariamente este destino ante la perspectiva de hacerse con un buen sueldo gracias al ingreso de lo correspondiente a la ampliación de jornada que les prometieron en su día.

«Nosotros casi todos los días nos quedamos como mínimo una hora o dos más en nuestro puesto de trabajo, e incluso algunas tardes estamos hasta las ocho, cuando nuestro horario acaba a las tres. Pero esta prolongación no la están pagando, a pesar de que se comprometieron a darnos 24 euros por hora, por eso muchos vinimos aquí». En un juzgado de tales características y con esta dotación de personal, la ampliación de jornada es un requisito imprescindible si se persigue el objetivo de que todos los trámites y procedimientos se mantengan al día, ya que los casos de maltrato requieren una tramitación vía urgente, y de otra forma se retrasarían las causas.

«Si no se hace la prolongación, el detenido tendrían que enviarlo otra vez a Comisaría hasta el día siguiente, y no podría ser puesto a disposición judicial de manera inmediata. Tampoco se podrían dictar en su momento las medidas cautelares, las órdenes de alejamiento ni las sentencias». Ello conllevaría, además del consiguiente perjuicio para las víctimas, un colapso considerable del juzgado, donde se acumularían los procedimientos sin remedio.

Aunque los funcionarios son contrarios a que se llegue a esta situación, confiesan que no les queda otra alternativa que ceñirse a su horario base, e incluso tomar medidas si no ven respuestas por parte de la Administración. «Llevamos así siete meses, de manera que algo tendremos que hacer. Encima en Cádiz no nos hacen caso, y la mitad de las veces ni nos cogen los faxes. Allí lo único que dicen es que ese compromiso lo adquirieron los sindicatos, pero que la Junta no puede permitirse el lujo de pagarnos».

Otro de los problemas que denuncian es el hecho de que el juzgado cuente únicamente con un abogado a compartir con todos los otros órganos de Instrucción, de tal manera que en función de los detenidos que haya en aquéllos, se podrá contar o no con el letrado en el de Violencia de Género. Lo pero de todo, como lamentan los afectados, es que «se vendió la apertura de este juzgado como la panacea y los políticos vinieron a ponerse las medallas, pero a la hora de la verdad subsiste detrás de esto un gran problema, y todo a costa de los funcionarios».

Si la situación persiste, los profesionales vaticinan que en poco tiempo la Administración tendrá que considerar la posibilidad de crear el Juzgado de Violencia de Género número 2, para atender con un mínimo de garantías la demanda existente.