Suelo público para fines privados
Coincidiendo con la celebración de los 150 años del Ateneo de Cádiz, su presidente ha vuelto a reclamar la cesión del Casino Militar para sede de su asociación, otra vez con el argumento de instalar allí la importante biblioteca del Ateneo. Esa reclamación plantea un problema: el Casino Militar, un valioso inmueble en plena calle Ancha, es un bien público, aunque su uso público no haya sido nada libre hasta ahora, perteneciente al Ministerio de Defensa, que planea su cambio de titularidad. Ese cambio debería dirigirse a conseguir el acceso del público general a un local que, teóricamente, le pertenece. En cambio, el Ateneo parece plantear una biblioteca para sus socios. Así se desprende cuando la defienden como lugar de reunión espontánea de los mismos, sitio donde podrán consultar los fondos o, incluso, presentan la catalogación de los libros como realizada para facilitar el uso de sus socios. Ni una mención al público general. Estas declaraciones son coherentes con esa idea decimonónica, básicamente conservadora aunque la corrección obligue ahora a difuminarla, de la cultura como actividad propia de las élites. Eso es un Ateneo. La misma liturgia de ingreso, como si la mera inscripción en esa asociación y el pago rutinario de sus cuotas supusieran un acto de prestigio personal, ya escenifica esa diferenciación social y cultural. Pero se contradice con su anuncio de solicitar también, dicen que para acceder a sus subvenciones, su inclusión en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, regida por una ley autonómica de 2003, donde exige que las bibliotecas privadas que se integren en la Red sean «de uso público general». Es decir, de acceso libre y gratuito, y cumpliendo unas obligaciones de conservación y cualificación técnica que requieren más gastos. ¿Cómo piensan cumplir, a la vez, el sosiego en las consultas que ofrecen a los socios y el ajetreo de una biblioteca pública? Y si es motivo para que se le regale suelo público, habría que explicar por qué se elige esa asociación cultural y no cualquier otra de actividad igualmente pródiga y respetable.
Actualizado: GuardarNo vaya a ocurrir como la anunciada rehabilitación de la biblioteca de los jesuitas. Que se hará completamente con dinero público pero, cuando esté restaurada, se permitirá a la Iglesia restringir su acceso a los investigadores universitarios que autorice. Cuando la Ley de Patrimonio Histórico Español dice que los propietarios de Patrimonio Documental y Bibliográfico «habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos». Cualquier investigador. Incluso los críticos.
Otro ejemplo de generosidad con bienes públicos es la cesión por el Ayuntamiento de Cádiz de 625 metros cuadrados a la Iglesia para construir un templo en Cortadura. Parece razonable pensar que, sea cual sea el porcentaje real de católicos, ese suelo pertenece a toda la ciudad, incluidos los no católicos. El Ayuntamiento los discrimina primando a una asociación privada, por muy influyente que sea, sobre las demás. Lo que en otras confesiones pagan sus fieles, se lo pagan todos los ciudadanos, quieran o no, a la Iglesia Católica. Pero, además, el Ayuntamiento renuncia a sus propias necesidades al realizar este regalo. A ver cómo explica que, para ellos, tienen menos importancia las carencias de Cortadura en guarderías, zonas verdes, bibliotecas, o incluso viviendas, que una asistencia religiosa perfectamente cubierta ya con una parroquia a cien metros. El Obispado ya ha dicho que esta parcela se obtiene como consecuencia de la cesión de la Casa del Obispo. Salvo que se haya modificado después, el Obispado cedió al Ayuntamiento, por Convenio de diciembre de 2004, sólo durante 25 años, ese yacimiento para su puesta en explotación, a cambio de terminar el Centro Social de la Iglesia y unas reparaciones en la iglesia de la Merced. En esas condiciones, la Iglesia hizo un buen negocio, pues recuperaría un yacimiento en plena explotación turística. Si esa cesión ha pasado, después, a definitiva a cambio de suelo municipal, también ganan, considerando el precio y uso de los suelos intercambiados. En ambos casos, o el Ayuntamiento negocia mal o ha antepuesto su confesionalidad a los intereses de la ciudad. Debería explicarlo.
