¿En ausencia de violencia?

La reanudación de la actividad terrorista por parte de ETA parece una contradicción con la actitud del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), que cedió uno de sus votos al tripartito para que éste pudiera sacar adelante la Ley de la Consulta, ya suspendida por el Tribunal Constitucional. Pero en el fondo no hay tal: ETA jamás aceptaría una solución política del problema que viniera de la mano del PNV. Es evidente que la organización terrorista aspira a doblegar al Estado por sí misma y no con el auxilio de los 'tibios' que juegan a la democracia en las instituciones.

Supongamos que el lehendakari no hubiese encontrado impedimento para celebrar su referéndum en octubre. En el fondo, se dirimiría en él el derecho de autodeterminación, la marcha del País Vasco hacia una posición excéntrica y al margen de la Constitución. Lógicamente, deberían hacer campaña en pro y en contra sus partidarios y sus detractores, respectivamente. ¿Podría hablarse entonces de igualdad de oportunidades para las dos opciones? ¿No forzaría ETA con su amenazante vigilancia el desistimiento de quienes son partidarios de mantener el statu quo y se oponen por tanto al independentismo etarra? ¿No sería evidente una llamativa asimetría en la polémica, con los unos en el punto de mira de las metralletas y los otros arropados por ellas?

Cuando Ibarretxe elaboró su propuesta de Estatuto Político -el Plan Ibarretxe, rechazado por las Cortes en 2005, incluyó en ella que la consulta que habría de rubricarlo sólo se celebraría «en ausencia de violencia». El lehendakari reconocía así las evidencias que acaban de exponerse: sólo una sociedad libérrima, sin la presión exorbitante de las armas que amenazan a la mitad no nacionalista de la población, podía expresarse con total sinceridad.

Ya se sabe que Ibarretxe no tiene memoria ni es coherente con su propio discurso. Pero el hecho de que ahora el jefe del Gobierno vasco persista en su intención de convocar una consulta cuando ETA está en plena actividad y dispuesta a matar y extorsionar constituye simplemente una aberración. Ya se sabe que la consulta no va a celebrarse, porque la negativa de las instituciones será tan firme como resulte necesario, pero hecho mismo de pretenderla resulta descalificante para su promotor.

La constatación de que la organización terrorista no está dispuesta a la menor concesión para que la hipotética consulta se celebrase en «ausencia de violencia», debería generar una reacción inaplazable.

El PNV tiene la palabra. Porque es muy probable que si persiste en este error, el desastre electoral del nacionalismo democrático en las próximas elecciones autonómicas sea incluso superior al que ya le presagian las encuestas.