Editorial

Prioridad industrial

La incesante serie de indicadores y noticias que van dando cuenta de los efectos de la crisis se ve acompañada de llamamientos al Gobierno por parte de los sectores y empresas afectadas. Ayer mismo el incremento de la morosidad tanto de particulares como de empresas, la más que apreciable ralentización de los créditos hipotecarios o la insistencia de Trichet contra la inflación fueron noticia junto a nuevos datos de preocupación para las aerolíneas y sus empleados, y a la solicitud al Ejecutivo de un plan de choque para el sector por parte de la Asociación Española de Compañías Aéreas. Aunque también ayer el INE daba cuenta del desplome de la demanda de electrodomésticos, con una caída del 11,5% hasta mayo, de una merma del 5,5% en cuanto a la tasa interanual de producción industrial, y de una reducción de peticiones en bienes de consumo duradero estimada en un 6%. La llegada de la crisis a la industria puede constituir el dato más preocupante de todos, porque de este sector se espera que actúe como tractor de un modelo de crecimiento alternativo al hasta hace un año comandado por la construcción. De manera que si algún ámbito de la economía requeriría la actuación inmediata de los poderes públicos es éste por encima de cualquier otro. El impulso a las exportaciones, del que ayer se hizo eco la Unión Europea al reclamar en el seno de la Organización Mundial de Comercio una mayor apertura de los mercados industriales de los demás países, ha de constituir una línea de actuación prioritaria para el Ejecutivo.

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Junto a ello resulta urgente estimular el desarrollo de una oferta renovada, con la creación de nuevas empresas, para lo que es necesario impedir posiciones de dominio en el mercado, así como la financiación de nuevos productos mediante ayudas a I+D+i. Aunque todo ello depende en buena medida de la capacidad que las administraciones demuestren para inducir en la economía y en la sociedad una fundada confianza, capaz de estimular la demanda interior y el consumo ciudadano. Es lógico que la cascada de novedades críticas genere confusión sobre lo que el Gobierno debería y sobre lo que no debería hacer. Por eso resulta imprescindible que sea el Ejecutivo quien fije cuanto antes y públicamente las prioridades y los límites de su actuación frente a la crisis en sus diversas manifestaciones y en los distintos sectores afectados.