Mejora autonómica

as bases de partida para el nuevo modelo de financiación autonómica, que el vicepresidente Solbes expuso ayer de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 22 de julio, recogen criterios ya previstos en la reforma de los estatutos de autonomía. Constituyen en esa medida un indudable avance respecto al sistema actual, puesto que de la disponibilidad de un 33% del IRPF, un 35% del IVA y un 40% en los impuestos especiales las autonomías pasarían a contar con el 50% de cada uno de esos tributos. Además, el compromiso de dotar a las mismas de recursos adicionales en función del incremento de la población, el suelo, la dispersión, la afluencia de inmigrantes o la insularidad propiciaría la suficiencia financiera a la que aspiran todas las administraciones. El C.P.F.F. debería diferenciar el próximo martes aquellas bases sobre las que exista pleno acuerdo, consignando las diferencias que se manifiesten especialmente en cuanto a las razones esos «recursos adicionales». Dado que el Gobierno tendrá que complementar los principios acordados multilateralmente con el diálogo que establezca para atender las necesidades específicas de cada autonomía, deberá exigir que éstas obedezcan a causas objetivas y no a aspiraciones particulares, por legítimas que sean, o a la emulación de las demandas de otros. Es indudable que el problema fundamental a la hora de concertar el nuevo modelo se encuentra en la posición que mantiene la Generalitat de Cataluña, azuzada en este punto por CiU, y no tanto en la literalidad del Estatut, con la salvedad de que su disposición adicional novena eleva la cesión de impuestos especiales a un 58%. Todos los gobiernos autonómicos, incluido el catalán, deberían tener en cuenta que ningún eventual acuerdo bilateral podría contradecir el necesario consenso general sin resquebrajar el modelo en su conjunto. La decisión del ejecutivo de Montilla de acordar con CiU una «posición compartida y de país» para defenderla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes próximo puede responder a los equilibrios internos en Cataluña y al interés de dicho Ejecutivo en comprometer a la oposición. Pero sería enormemente negativo que tal coincidencia se basase en una interpretación extremadamente exigente del articulado del Estatut cuando, además, su futuro en esta materia depende del Tribunal Constitucional.