Desmitificación de las balanzas fiscales
Después de un largo tira y afloja bien poco razonable, el Gobierno ha hecho públicas «en aras de la transparencia» las balanzas fiscales, calculadas en seis escenarios distintos mediante las dos metodologías habituales: la de la carga-beneficio y la del flujo monetario. No viene a cuento enredar al lector en explicaciones sobre tales cálculos de la diferencia entre lo que cada comunidad aporta al conjunto del Estado y lo que recibe de él, que son muy complejos y que contienen siempre inevitables ambigüedades; lo que realmente tiene interés político es que este análisis confirma la existencia de un Estado de las Autonomías acentuadamente federal y solidario en el que las regiones de más elevadas rentas son las que más aportan a las comunidades de menores rentas, especialmente Extremadura, Asturias y Galicia. No hace falta decir que los territorios forales, cuyo régimen especial está amparado constitucionalmente, obtienen ventajas singulares y quedan al margen de los cómputos generales.
Actualizado: GuardarSegún el método de cálculo que se utilice, la comunidad más solidaria es Cataluña o Baleares. Y el déficit de Cataluña, que estaría entre el 6,38% y el 8,70% del PIB, sería según Hacienda algo inferior al calculado por el grupo de expertos convocado por el consejero Antoni Castells para tal análisis en tiempos de Maragall, y que acaba por cierto de actualizar sus datos a 2005, el último ejercicio considerado. En definitiva, la contemplación multilateral del panorama ha producido el efecto contrario del que pretendía Pasqual Maragall cuando, un tanto energuménicamente, exigía durante la tramitación del Estatuto de Cataluña la publicación de las balanzas fiscales para que quedara de manifiesto que el Principado había padecido un largo e insoportable expolio que la había dejado exhausta e incapaz de financiarse. Cataluña ha sido, sí, muy solidaria con el Estado, como las demás comunidades 'ricas' y en la misma proporción que ellas, y aunque cabe revisar la medida de la solidaridad, no hay razones para poner en cuestión ni la filosofía del sistema ni sus grandes planteamientos generales, que deben seguir inspirando el nuevo sistema de financiación autonómica que está a punto de negociarse y de acordarse en el marco asimismo multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por añadidura, este anuncio ha llegado en momentos de vacas flacas, coyuntura que ya ha llevado a Solbes a advertir a los negociadores autonómicos que el acuerdo de financiación que se consiga habrá de tener coste cero para el Estado. No hay, pues, un euro adicional para acallar protestas o para satisfacer legítimas ambiciones o promesas más o menos firmes al margen del modelo general. La solemne manifestación del secretario de Estado de Hacienda en el sentido de que la incidencia de los datos revelados sobre el modelo de financiación será nula se hará realidad porque, efectivamente, los recursos son bien escasos.
De hecho, los forcejeos previsibles en la negociación que se avecina versarán sobre dos asuntos principales: la peso de la demografía en el reparto de los fondos y el alcance del Fondo de Suficiencia, que debe garantizar la igualdad per capita en los servicios públicos esenciales de las 17 comunidades autónomas.
