Responsabilidad de Gobierno

El incremento de la inflación hasta alcanzar una tasa interanual del 5% constituye sin duda una consecuencia del imparable aumento del precio del petróleo. Pero tal constatación no puede servir como justificación de ningún gobierno para eludir su responsabilidad, si no en la causa del problema sí en la búsqueda de iniciativas que traten de controlarlo o palien sus efectos. No basta con que el presidente Rodríguez Zapatero trate de infundir confianza apelando a la confianza que los españoles tienen en sí mismos. Es imprescindible que tome la iniciativa para generar aquellas condiciones que pueden contribuir, en este caso, al control sobre los precios. En primer lugar, es necesario que el Gobierno actúe en el ámbito que le es propio, el de la política, procurando un clima de consenso parlamentario que preserve el debate sobre las respuestas a la crisis de toda confrontación partidista desaforada. El progresivo deslizamiento hacia la recesión y la posible continuidad de ésta durante un período de tiempo plagado de citas electorales lo hacen especialmente aconsejable. Simultáneamente, el Gobierno tiene la obligación de animar el diálogo social cuya escenificación se está ralentizando en exceso y cuyos contenidos han de comprometer por igual a sindicatos y empresarios. La celeridad no puede ser, a estas alturas, incompatible con la maduración de un acuerdo cada día más urgente. Un acuerdo por el que las centrales sindicales asuman un pacto de rentas a cambio de que el superávit fiscal sea destinado casi íntegramente a la protección social. Y un acuerdo que contemple, junto a esa moderación salarial, la moderación del margen de beneficios que contribuye al incremento de los precios.