LA MERCANCÍA. Placas de hachís intervenidas en Barbate. / L. V.
LA JANDA

Una organización de narcos con base en Barbate acepta penas inferiores a cuatro años

Los diez procesados cayeron durante una investigación que concluyó con la incautación de un alijo en abril de 2006

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Las defensas de diez procesados por narcotráfico llegaron a un acuerdo con el fiscal para alcanzar una condena por conformidad sin necesidad de celebrar el juicio que estaba previsto para tres días en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.

Dicho acuerdo supuso una rebaja de casi la mitad en las penas que en un principio solicitaba el Ministerio Público para unos narcos, que según recoge la sentencia ya redactada, formaban parte de una organización dedicada al tráfico de hachís entre las costas marroquíes y gaditanas. Sólo dos acusados fueron excluidos de esta trama al considerarlos colaboradores puntuales.

Este procedimiento nace de una investigación de la Guardia Civil que concluyó en abril de 2006 con la incautación de 630 kilos de hachís. El fallo judicial considera probado que los acusados Juan Luis Martín Vilches y Juan José Tinoco Ortiz se embarcaron de madrugada en el puerto de Barbate para dirigirse en un barco de recreo de seis metros de eslora a un punto acordado en el Estrecho de Gibraltar donde otra embarcación les esperaba con la mercancía. Cargaron el hachís y un marroquí, El Haddar Abdelghani, que también ha sido condenado, se subió con ellos para verificar que la droga llegaba a buen destino.

Después del mediodía entraron en la desembocadura del río Barbate donde otro de los procesados, Adriano Jesús Pérez Porras, los esperaba con un todoterreno que había sido robado y que serviría de transporte de los fardos en tierra.

Las labores de descarga la iban a asumir un grupo de individuos, pero finalmente sólo pudo ser detenido uno de ellos, Pedro José Gutiérrez Sardi, al que el tribunal no considera miembro de la organización al igual que el ciudadano marroquí antes citado.

Los otro cuatro procesados: José Salas Muñoz, Jordi Ortiz Ureba, Fernando Jiménez Pando y Carlos Salvador Porras se encargaron de la planificación del alijo, de contratar a los colaboradores y de mantener los contactos con los traficantes marroquíes.

El décimo acusado es un vecino de Barbate, Juan José Guzmán, que prestó su garaje para guardar el vehículo robado hasta que fuera utilizado para el alijo.

El Ministerio Público fijó unas penas que rondaban los seis años y en algunos casos los superaba; sin embargo, el acuerdo final las ha dejado en tres años y nueve meses para la mayoría de los procesados, salvo para el dueño del garaje, al que le han condenado a un año por un delito de receptación por ocultar un vehículo robado.

stubio@lavozdigital.es