Víctimas del 11-M piden más pena para el segundo nivel de la célula terrorista

El objetivo prioritario es Rabei Osman El Sayed, 'El Egipcio'. La Fiscalía y la mayoría de las acusaciones populares personadas en el proceso del 11-M unieron ayer sus fuerzas ante el Tribunal Supremo para conseguir que quien llegó a ser considerado cerebro de aquella masacre sea condenado como miembro de la organización responsable del atentado.

Pero las víctimas reclaman también penas más duras para un grupo de procesados a los que la Audiencia Nacional colocó en un segundo escalón de la célula 'yihadista', por lo que les impuso condenas menos severas que a los autores materiales.

El Salón de Plenos del Supremo acogió ayer la primera de las tres jornadas previstas para escuchar los alegatos del fiscal, acusaciones, defensas y abogado del Estado en torno a los 31 recursos de casación presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra los autores de la masacre de Madrid.

«En el fallo son todos los que están, pero en modo alguno están todos los que son», dijo el fiscal Luis Navajas para criticar la absolución de 'El Egipcio', único extremo recurrido por la Fiscalía.

La Audiencia Nacional consideró probado que Rabei Osmán es miembro de un grupo terrorista 'yihadista', pero le absolvió porque ya fue condenado en Italia a diez años de cárcel por un delito genérico de pertenencia a banda armada. El fiscal Navajas recordó que la sentencia italiana, de noviembre de 2006, no es firme. Fue recurrida en apelación ante los tribunales de Milán y está en estudio en el Supremo de Roma. Sin una sentencia firme no cabe considerarle condenado por los hechos de los que ha sido juzgado en España, por lo que la Audiencia Nacional aplicó de manera indebida el principio 'non bis in idem'. Antonio Segura, abogado de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo que lidera Pilar Manjón, añadió que la sentencia italiana se refiere a «cuestiones totalmente distintas» a las enjuiciadas en España, «los hechos no son los mismos».

Insistió en que Rabei Osman, en su época en Italia, lideró una organización terrorista y una célula 'yihadista' que nada tenían que ver con la que provocó la masacre en los trenes. La mayoría de las asociaciones de víctimas también exigieron mayor dureza con los 'yihadistas' que no llegaron a ser condenados como autores materiales. Y surgió de inmediato el nombre de Abdelmajid Bouchar, que huyó de la casa de Leganés en la que se suicidaron los islamistas que colocaron las bombas.

Las acusaciones ven «incomprensible» que Bouchar, condenado a 18 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, no fuera considerado autor material de los 191 asesinatos porque no se suicidó con sus compañeros en el piso de la calle Carmen Martín Gaite.

El abogado Segura recordó que las huellas y los restos orgánicos de Bouchar se encontraron en la casa de Leganés y en la finca de Chinchón, en la que se prepararon los explosivos de los trenes.

Las víctimas tampoco se olvidaron de Rafá Zouhier, el confidente policial que puso en contacto a los terroristas islamistas con la trama asturiana que proporcionó la Goma 2 ECO.

Fue condenado a diez años de cárcel por tráfico de explosivos en colaboración con organización terrorista. Sin embargo, para las víctimas, su papel fue el de cooperador necesario en la masacre.

«Sin él, los terroristas no habrían tenido los explosivos; su ayuda fue indispensable, sabía perfectamente que estaba consiguiendo explosivos a personas radicales», explicó el letrado de la acusación particular Antonio García. La absolución de buena parte de la trama asturiana también centró las quejas de las acusaciones.

Las críticas más exacerbadas a la Audiencia Nacional fueron por la absolución de los hermanos Carmen y Antonio Toro, ex esposa y ex cuñado del minero Emilio Suárez Trashorras, que entregó la goma 2 ECO a los terroristas.

Las víctimas recordaron que ambos asistieron a las reuniones en las que se discutió la compra del explosivo y sabían del carácter radical de los marroquíes con los que trataban.

La beligerancia en el Supremo de la asociación que preside Pilar Manjón contrastó con el perfil bajo que hoy mantuvieron los dos colectivos que durante meses defendieron en la Audiencia Nacional la 'teoría de la conspiración'. Sus representantes se limitaron a pedir más indemnizaciones para algunos de sus asociados.