La descentralización judicial frena el primer pacto entre el Ejecutivo y el PP

Las relaciones entre PSOE y PP han entrado en una nueva fase marcada por las buenas formas y la ausencia de crispación. Ayer, en la comparecencia del ministro de Justicia en la comisión correspondiente del Congreso, la única discrepancia de calado giró en torno a la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial. Mariano Fernández Bermejo se declaró partidario y el nuevo portavoz 'popular' del ramo, Federico Trillo, contrario.

La cordialidad en el debate fue abrumadora en una comisión acostumbrada a volcánicos duelos entre el ministro y el anterior portavoz del PP, Ignacio Astarloa. El titular de Justicia hasta hizo suyo el lema del reciente congreso del partido opositor y clamó «juntos podemos», en referencia a la reforma del funcionamiento judicial. «Nos piden entendimiento, pues adelante», replicó Trillo, que aceptó que ve «un renovado talante» en el ministro para llegar a acuerdos.

En este clima no extrañó que las discrepancias fueran casi anecdóticas. Fernández Bermejo sostuvo que una de las asignaturas pendientes es la constitución de los consejos judiciales autonómicos «sin romper la unidad jurisdiccional» para adaptar la justicia al Estado de las autonomías.

El ministro también se mostró favorable a que los tribunales superiores pasen a ser la última instancia judicial en sus respectivas comunidades, lo que reduciría el papel del Supremo a la unificación de doctrina.

Por ahí no pasó Trillo, que se encastilló en que la Constitución establece que la Justicia es «competencia exclusiva» del Estado. Por tanto, subrayó, «no queremos 17 consejos del poder judicial». Aceptó que se creen consejos asesores, pero no que los tribunales superiores sean «la instancia final de casación» ni que el Supremo se limite a unificar doctrina.

El PP se quedó solo en este punto ya que los grupos nacionalistas y el PSOE se alinearon con el ministro. El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, incluso reclamó que el conocimiento de las lenguas cooficiales sean «más que un mérito» en la carrera judicial y pase a ser parte del «perfil» del juez en las comunidades que las tienen, a lo que se sumó el representante de ERC, Joan Ridao.

Acabar con el bloqueo

El ministro de Justicia también hizo un llamamiento a los dos partidos mayoritarios para que lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional y terminar con el bloqueo de ambas instituciones. Fernández Bermejo abogó por reformar la ley para que los vocales del consejo cesen en su cargo en cuanto venza su mandato. Apoyó además que, antes de ser elegidos, los vocales sean examinados por la Comisión de Justicia del Congreso.

El portavoz del Partido Popular, ante las críticas de otros portavoces de la comisión, defendió el carácter político del consejo porque es «un órgano de gobierno» que «como tal hace política». Pero fue una diferencia menor en un debate en el que los términos más empleados fueron diálogo y consenso. Nadie puso pegas a la propuesta del titular de Justicia de crear una base de datos única que permitirá a los jueces acceder a ella para comprobar el cumplimiento de sus medidas cautelares y la situación de requisitorias y sentencias no firmes.