Tres de cada cuatro españoles presos en el extranjero lo están por asuntos de drogas

En muchos casos son jóvenes que cometen la imprudencia de transportar pequeñas cantidades de droga para su propio consumo durante el verano, o que aceptan peligrosos 'encargos' para pagarse las vacaciones transportando bultos o maletas de dudosa procedencia. Unas cifras preocupantes, que no paran de crecer de año en año, y que los ministerios de Sanidad y Consumo, Justicia y Asuntos Exteriores se han empeñado en reducir.

Para ello ponen en marcha por cuarto año consecutivo la campaña de prevención 'Viajar sin drogas', este año con el lema 'Acércate a las drogas en el extranjero y cualquier país será tu prisión'.

Se trata de combatir el tópico de que en muchos países existe cierta tolerancia con el consumo de estupefacientes, cuando la realidad es bien contraria. «Es un falso mito», destacan los responsables de los tres departamentos. Lo más probable es que por portar un 'china' de hachís, liarse o consumir un porro o una raya de cocaína en un espacio público o en un bar de Francia, Portugal e incluso la muy tolerante Holanda, se acabe afrontando una denuncia, una causa penal y un encarcelamiento. Condenas de varios años y que, en algunos casos, alcanzan la cadena perpetua o la pena de muerte.

Así lo constatan los datos de los ministerios de Justicia y Exteriores, cuya «nómina» de españoles encarcelados en todo el mundo alcanzaba el pasado 31 de mayo las cifra de 1.871 ciudadanos, 1.577 varones y 294 mujeres. Más de dos tercios, un 77%, 1.442 compatriotas, fueron encarcelados por delitos relacionados directamente con el consumo o el tráfico de drogas.

Según los datos de Exteriores, los países con más encarcelados españoles eran, a 31 de mayo pasado, Marruecos (181), Perú (152), Portugal (102), Francia (100), Italia (92) y Brasil (85). Un total de 429 encarcelados (un 30%) están en prisiones europeas en países como Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca o Reino Unido.

Casi la mitad de los cerca de 2.000 españoles encarcelados por todo el mundo han solicitado cumplir en España unas penas con una media de siete años de duración. Es un sueño para ellos nada fácil de conseguir, pero no imposible. Y es que el procedimiento se demora entre dos y cinco años. Es el plazo medio necesario para que se resuelva favorablemente un expediente reclamando el cumplimiento de la pena en el país de origen, un trámite que sólo se inicia cuando la pena es firme.

Es un proceso complejo y tedioso, con multitud de plazos, que se complica aún más en los países en los que no hay convenios jurídicos, pero que permite mantener siempre la esperanza. En la mayoría de los casos se acaba atendiendo favorablemente la reclamación del recluso, que, eso sí, tiene que armarse de paciencia para vencer en una compleja batalla burocrática y legal mientras vive en presidio en condiciones a menudo muy penosa.