La Junta subraya sus coincidencias con la propuesta estatal sobre financiación

Los gobiernos central y andaluz inician su negociación bilateral sobre la reforma del modelo de financiación autonómica con una clara ventaja: ambas instituciones apuestan por el criterio de población como el baremo que debe regir las transferencias de fondos del Estado hacia el conjunto de regiones españolas adscritas a este régimen general.

Así quedó de manifiesto ayer tras la reunión que mantuvieron en Sevilla la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, que estuvo encabezada por el vicepresidente segundo y consejero del ramo, José Antonio Griñán, y por el el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

La viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, destacó tras la reunión «el amplio campo de coincidencias entre la propuesta de la Junta y los planteamientos del Gobierno central». Unas similitudes que deberán facilitar el trabajo de los dos grupos de trabajo conformados ayer, que abordaran tanto los elementos del nuevo modelo, en especial los aspectos financieros y fiscales -aumento de cesión de impuestos y mayores transferencias- como el futuro consorcio tributario, base de la Agencia Tributaria Andaluza.

Respetada

Martínez Aguayo abundó: «La propuesta andaluza es conocida y respetada por parte del Gobierno central, porque es buena para el conjunto del Estado». «Hay muchos elementos de coincidencia en los planteamientos, que se ajustan plenamente al Estatuto de Autonomía de Andalucía y es la opción que mantenemos», destacó la número dos de la Consejería de Economía y Hacienda.

Andalucía defiende que el criterio de la población es la variable fundamental del sistema, aunque la propuesta no se opone a que sea actualizada la forma y cómo se cualifica esa población para que estén realmente bien valoradas las necesidades de gasto, que llegan a establecer junto a los ingresos tributarios y gastos de financiación lo que una comunidad debe recibir.

Grupos

Sobre los grupos de trabajo, formados por personal de ambas instituciones -Estado y Junta-, la viceconsejera subrayó que han cumplido con lo acordado en la sesión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebró el pasado 20 de mayo. Lo que sí tienen claro los responsables económicos de la Junta es que la discreción protagonizará este debate bilateral a partir de ahora. «Cuando uno tiene voluntad de acordar se tiene que llevar con la discreción suficiente para hacer posible ese acuerdo, los argumentos y la negociación no puede estar sometida a un planteamiento público todo el proceso». Por ello, descartó que, en el caso de que aparecieran discrepancias importantes entre el Gobierno central y el autonómico «se harían públicas en el momento oportuno». Martínez Aguayo agregó que se seguirá con el calendario planteado. El Ministerio de Economía prevé que el nuevo modelo se apruebe en agosto.