Un bicentenario a la gresca

Lo malo es que, aquí, a falta de cultura política se prefieren los espectáculos de lucha. Que, acertadamente, ahora se definen como «deportes de simulación». En el reciente cruce de acusaciones alrededor de la celebración del Bicentenario no ha habido debate ideológico alguno sobre la interpretación de aquel suceso y sus posibles aprovechamientos actuales, sino una innecesaria discusión sobre órganos encargados de gestionarlo.

Todas las funciones del Consorcio vienen encomendadas previamente por las Administraciones que lo integran. Está en sus Estatutos, entre sus fines, el de ejecutar proyectos y gestionar servicios encargados por sus integrantes. Facilitando, además, «el ejercicio coordinado» de las competencias de cada Administración. Ahí está claro que cada una puede tener su propio programa, como lo puede tener el propio Consorcio, pero es éste el que debe coordinarlo todo. Agenda única sólo significa coordinada. No tiene sentido crear un órgano para después no dejarle hacer su principal función, porque parece que nos roba protagonismo. No tiene razón el concejal Ortiz cuando acusó, hace dos semanas, al Consorcio de suplantar al Ayuntamiento de Cádiz en sus funciones. Debería haber dicho, si es que existe alguna, qué función municipal concreta ha usurpado el Consorcio porque, de lo contrario, más parece que cree que les pertenecen todas al Ayuntamiento. Esa parece su interpretación cuando afirma que el Consorcio «está para ayudar a las ciudades de Cádiz y San Fernando a celebrar sus conmemoraciones». Con lo que reduce el Bicentenario a un hecho local. La Declaración Programática del Consorcio dice que la celebración «tiene un carácter y dimensión inequívocamente nacionales, y aspira a una proyección internacional». Allí mismo, se le concede al Consorcio poder para priorizar, cribar y jerarquizar las sugerencias e iniciativas que se presenten, además de impulsar una «sinergia cooperativa» entre las Administraciones integrantes y la coordinación con otras entidades. Suficientes competencias como para no reducir al Consorcio a mera fuente económica.

Se critica ahora que el Consorcio no aproveche el estudio (si proyecto o anteproyecto lo deberían dilucidar en serio los arquitectos) pagado por el Ayuntamiento para rehabilitar el castillo San Sebastián. Pero parece que nadie se cuestiona que el verdadero despilfarro es que el Ayuntamiento haya hecho ese gasto en un espacio, en uso sólo temporal, cuyo titular es Medio Ambiente y que, ya en diciembre de 2007, se anunció que pasaría al Consorcio. A nadie se le ocurre pagar proyectos de reforma en casa del vecino, ni los alquilados pueden reformar nada sin autorización del propietario. Ahora hay un estudio que no se adecua al uso que quiere darle su titular. Y, encima, se le critica.

Tampoco parece colaboración institucional querer adjudicárselo todo. Ya pasó en la consecución de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, solicitada oficialmente y conseguida por el Gobierno y en la que el Ayuntamiento, en Pleno, se limitó a ofrecerse como sede. Asunto distinto es la Capital Iberoamericana de la Cultura, donde las gestiones sí fueron municipales, aunque apoyadas por todo el Estado. Ciertamente se consiguió influir en esa decisión de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, una ONG de carácter municipal, que ha hecho una excepción con Cádiz, que sin ser capital de nación sí fue la ciudad donde se fundó, en 1982, cuando los trajo Carlos Díaz. ¿Por qué entonces los convenció el atractivo histórico de la ciudad y ahora la buena gestión de su alcaldesa?. Así como la Cumbre es competencia exclusiva del Gobierno, no lo es la Capitalidad. Aunque más ganaríamos todos si esas relaciones internacionales, que se deben sufragar con dinero retraído de competencias verdaderamente municipales, se dejan en manos de los expertos. Para eso se creo el Consorcio. Para sumar. No se me pongan celosos.