La UE endurece la legislación para regular la repatriación de millones de 'sin papeles'

Los gobiernos de los Veintisiete socios de la Unión Europea dieron ayer su visto bueno a las bases de lo que, a corto plazo, debería traducirse en una gigantesca operación de extirpación de inmigrantes ilegales -doce millones en la UE según estimaciones conservadoras- de aquellos entornos en los que hayan conseguido anidar: a los niños, de los colegios en los que estén escolarizados; a los trabajadores del turco de la esquina que sirven fruta a sus clientes; a los hombres y mujeres que limpian las casas de los europeos o atiendan a los más ancianos cobrando 'en negro' y sin derechos laborales.

Todos ellos, todos 'sin papeles', van a verse sometidos a condiciones armonizadas de trato en la Europa comunitaria que se traducirán en períodos de detención de seis meses prorrogables a dieciocho en casos especiales (delincuentes, violentos) cuando sean localizados, y el reenvío a sus países de origen si, vencidos los plazos, los sujetos aprehendidos en condición irregular no son regularizados. Es lo que se conoce por Directiva de Retorno, una pieza clave de la futura política de inmigración común europea, a la que los socios de la Unión dieron ayer tarde su bendición en una reunión del Comité de representantes permanentes (Coreper).

Era un acuerdo esperado. Los gobiernos europeos están sometidos a una fuerte presión de sus opiniones públicas, inquietas por el fenómeno de la inmigración, aunque el problema esté siendo groseramente instrumentalizado por determinadas formaciones políticas. La Directiva de Retorno no está concebida para tratar el problema de los inmigrantes que llegan en pateras a Canarias, Andalucía, Malta o Brindisi; tampoco para los 'ilegales' que aterrizan en los aeropuertos de la UE sin los papeles en regla. Unos y otros, las más de las veces, son controlados por las fuerzas de seguridad y repatriados al cabo de un tiempo.

El texto ayer aprobado por los Estados miembros en el Coreper, que deberá ser ratificado por los ministros de Interior y Justicia a comienzos de junio, en Luxemburgo, se orienta a los que ya han entrado, a los que están instalados mal que bien en la Europa comunitaria.

Todavía no se sabe cómo -porque el proyecto de directiva no lo dice- pero ineluctablemente si los socios de la UE no quieren que los propósitos que animan sus actos queden en papel mojado, los textos de ayer deberían conducir a disposiciones de orden interior para las fuerzas de seguridad que les permitan aprehender a inmigrantes ilegales en las calles, en sus centros de trabajo o en las escuelas -la escolarización no sería, como hasta ahora, eximente para la expulsión-. Confinarlos en centros específicos por, al menos, seis meses, y luego deportarlos. O regularizarlos.

Difícil de medir

Se trata, por lo tanto, de una política dura la que la UE quiere poner en marcha, de un alcance que resulta, a priori, difícil de medir pues la armonización europea queda limitada a los plazos de detención, al trato a dar a los menores y a las obligaciones de proceder vencidos los tiempos previstos. Nada se dice en el documento sobre cómo deban comportarse los cuerpos de seguridad, o el celo con que deban emplearse en estos cometidos, salvo una referencia genérica en el artículo primero a los «a los derechos fundamentales y los principios de la ley de la Comunidad, así como del ordenamiento internacional, incluidas la protección de los refugiados y las obligaciones (concernientes) a los derechos humanos».

La directiva había llegado al Coreper de ayer sin aprobación porque había discrepancias entre los estados miembros sobre la obligatoriedad -pretendida en la propuesta original- de prestar asistencia jurídica obligatoria al candidato a ser expulsado. Alemania, Grecia y Austria no querían asumir los costes de reconocer ese derecho a los 'sin papeles'. El acuerdo de ayer les facilitó las cosas al no armonizar este derecho en la UE y dejarlo sometido a las condiciones vigentes en cada Estado.

La directiva tiene incontables lagunas: no habla del problema de los acuerdos de readmisión, que son imprescindibles para devolver a los inmigrantes en situación irregular a sus países de origen; ni se refiere a los procedimientos a seguir con los que se han deshecho de su documentación, precisamente para no incurrir en el riesgo de ser repatriados.

El Parlamento Europeo, adonde el proyecto irá a parar tras ser aprobado por los ministros de Interior y Justicia, será escenario de discusiones difíciles. Hay grupos de izquierda que preparan mociones en contra, pero, en principio, parece haber una mayoría garantizada para sacar la propuesta adelante. En el caso de que sea aprobada, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para transponerla a los ordenamientos nacionales.