Chiclana

Emsisa prescinde de una vivienda de acogida para mujeres víctimas de malos tratos

Según ha denunciado el Partido Socialista en la oposición, la empresa pública de vivienda y suelo de la localidad, Emsisa, ha rescindido el contrato de alquiler con el propietario de una vivienda que el anterior gobierno del PSOE había alquilado como piso destinado a dar cobertura asistencial a mujeres víctimas de malos tratos y a familias con escasos recursos económicos.

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Según apuntó ayer la edil de la oposición, Cándida Verdier, «esta empresa municipal ha pagado incluso 4.000 euros de indemnización al dueño de este inmueble», situado en la zona de Jesús Nazareno en pleno centro de la localidad, cuyo contrato se había formalizado en el mes de mayo de 2007 por el anterior gobierno local.

Para los miembros del Partido Socialista de Chiclana «con actuaciones como ésta se demuestra el escaso interés que tiene el cuatripartito en los asuntos importantes para los ciudadanos como la violencia de género, ya que no lleva a cabo las políticas de integración y protección que debería».

Desconocimiento

Por parte del Ayuntamiento, la delegada municipal de Mujer, María Luisa Guerra (PP), explicó ayer a este medio que ella desconocía la existencia de esa vivienda destinada al alojamiento de mujeres víctimas de malos tratos, y aseguró que «nadie me ha avisado de que se había rescindido el contrato de alquiler que tenía esa vivienda».

Sobre los pisos de acogida la edil popular adelantó que en las próximas semanas su delegación tiene intención de poner en marcha un proyecto de similares características, del que no quiso dar detalles «hasta que no esté cerrado».

Sobre este tema de la vivienda eliminada del parque de inmuebles de acogida en Chiclana se pronunció también la actual delegada de Vivienda, Teresa Ruíz-Sillero (PP), quien certificó a LA VOZ la rescisión del alquiler de este piso, al que calificó «de otro regalo envenenado del PSOE».

El motivo, a su juicio, «que la vivienda no reunía las características de accesibilidad ni las instalaciones para servir de piso de acogida, según los técnicos de Asuntos Sociales y de Emsisa».

Para Ruíz-Sillero además, «lo que es más grave es que la empresa pública ha tenido que pagar seis o siete meses de la cuota de alquiler en un inmueble al que no se le ha podido dar ningún uso, ni siquiera el de sala de estudio como intentamos en su día», lamentó.