José María Román declaró ayer como imputado en el caso del Coto San José

El ex-alcalde y actual portavoz municipal del PSOE en la oposición, José María Román, compareció ayer en calidad de imputado para testificar en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana por el caso de la parcela de Coto San José, como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Junto a él estaban citados dos arquitectos municipales y el actual delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, que acudió a la sala chiclanera en calidad de testigo.

Este proceso judicial se remonta al mes de noviembre del pasado año 2004, cuando el entonces alcalde de Chiclana aceptó como libre de cargas una parcela sobre la que pesaban seis embargos. A raíz de esta aceptación, una de las empresas constructoras que tenía reconocido el derecho de embargo, Cortega S.L., denunció el asunto ante la justicia y comenzó un proceso judicial que se prolonga hasta ahora.

A este litigio se sumó en el año 2006 el portavoz local de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, que presentó formalmente ante la Fiscalía una denuncia contra Román por malversación, que es la que ahora se juzga.

En la mañana de ayer ambos responsables políticos chiclaneros se veían las caras en el Palacio de Justicia. Los dos tuvieron que ausentarse del Pleno ordinario que se celebraba a la misma hora en el Teatro Moderno, lo que añadió expectación a su testificación.

A su salida de los juzgados, el ex-primer edil socialista se mostraba tranquilo; «en los próximos días la justicia pondrá a cada uno en su sitio y se aclarará un asunto sobre el que yo tengo la conciencia muy tranquila», reiteró. Si es declarado culpable, podría ser inhabilitado para todo cargo público por un tiempo aún por determinar.

Por su parte, Butrón se limitó a recordar que «en su día nosotros denunciamos lo que creimos que era denunciable y fue la Fiscalía la que vió indicios de delito y citó a Román».

Se da la circunstancia de que en la parcela de Coto San José se han construido ya más de la mitad de las 600 viviendas previstas, sin que hayan podido recibir aún la licencia de primera ocupación, ni el suministro de agua y luz.