El acusado de la muerte por intoxicación de dos niñas deberá pagar 300.000 euros

El vecino de Posadas (Córdoba) que en noviembre de 2006 causó la muerte de dos vecinas suyas, de cinco y nueve años, al utilizar un producto tóxico en su vivienda para matar cucarachas, tendrá que hacer frente a un multa de 3.600 euros e indemnizar a la familia con 303.020 euros.

El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ha condenado a B. G. C. como responsable de dos faltas de imprudencia leve con resultado de muerte y otras dos con resultado de lesiones, con lo que rechaza la pretensión del fiscal de que fuese condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de homicidio imprudente.

En la sentencia, el juez considera probado que el gas del producto Deitia Pallets que el procesado utilizó en su vivienda penetró en la casa en la que habitaban las dos niñas a través del desagüe de la cocina campera y fue inhalado por los cuatro miembros de la familia.

Señala además que el acusado era propietario de una empresa dedicada a la venta de productos fitosanitarios y que los había utilizado desde hace 40 años, por lo que conocía «las condiciones concretas de utilización, las precauciones a adoptar y su grave toxicidad».

También sabía que para la aplicación de este producto en locales cerrados, normalmente almacenes, debe cerrarse cualquier resquicio que impida la salida de gases e indicar el peligro de entrada o contacto con el gas en la inmediaciones de local y no permitir la entrada en un periodo de seguridad.

El juez ha estimado como probado que el acusado, con la intención de acabar con una plaga de cucarachas en una parte de su vivienda, usó al menos quince pastillas de Deitia Pallets que colocó en el salón sin que conste que «llegara a precintar de forma absoluta todas las salidas del recinto» y, en concreto el fregadero de la cocina, que se encontraba atascado. Este fregadero vertía sobre una arqueta común que conectaba la vivienda del acusado con la de la familia que resultó afectada por inhalación del gas.

El juez considera que la actuación del acusado fue de «cierta colaboración», ya que se personó en el Hospital de Córdoba donde ingresó la familia para informar de que había usado el producto, lo que permitió cambiar el tratamiento y que los padres mejorasen. Sobre la indemnización, el juez explica que es «evidente el daño moral y psicológico» de los padres y ha acordado una indemnización de 150.000 euros por cada una de las pequeñas fallecidas, para que los padres puedan comprarse otra vivienda y dejar de habitar en la que ocurrió la tragedia.