La crisis da miedo

Un alto ejecutivo del sistema financiero español, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ha tenido ya el atrevimiento de decir en voz alta lo que piensan todos sus colegas: «da miedo la parte de los balances de algunas entidades (financieras) soportada por ladrillos». Y es que la crisis, que ha comenzado con el parón del sector inmobiliario -y, lógicamente, del sector construcción- comienza a extenderse en cascada.

En primer lugar, los expertos advierten de que los bancos españoles se resentirán seriamente de la situación por su inevitable falta de liquidez ya que tendrán dificultades cada vez mayores para obtener financiación internacional (de hecho, nuestros grandes bancos han perdido ya unos 30.000 millones de euros de capitalización desde que estalló la crisis). Los grandes inversores internacionales, advertidos por la prensa especializada -sobre todo anglosajona- de la crisis inmobiliaria española, se abstendrán de aportar financiación a nuestras entidades. Sin liquidez, difícilmente podrán los bancos y cajas sostener a las empresas del sector inmobiliario que se han quedado literalmente colgadas de la brocha, con unos activos que bajan apresuradamente de valor y que no consiguen vender, y unos pasivos que difícilmente podrán afrontar. Y, lo que es más grave, la sensación de crisis y la desaparición del subjetivo «efecto riqueza» que provocaba la subida de precios de la vivienda podría afectar asimismo al consumo de las familias, que sin duda se retraerá en mayor o menor medida.

El alcance de la crisis es imprevisible. La morosidad de la banca española, inferior todavía al 1%, es todavía de las menores de Europa, aunque según Blesa podría dispararse «de forma brutal». El sistema financiero español tiene unos 34.000 millones de euros de provisiones extraordinarias que actúan como eficaz escudo contra cualquier eventualidad. La contaminación de las entidades españolas con hipotecas «subprime» ha sido escasa. El propio Blesa ha reconocido que en España no hay ni bancos ni cajas con grandes problemas que hagan pensar en un proceso de fusiones o quiebras. En cualquier caso, los balances de las instituciones de crédito se resentirán seriamente: la necesidad de financiación exterior para refinanciar sus emisiones les obligará a pagar más para compensar el riesgo de los prestatarios.

Lo grave del caso es que esto se veía venir. El Banco de España ya encendió todas las alarmas en el verano de 2006 y llegó a pedir a bancos y cajas que moderaran la concesión de hipotecas para evitar que continuara el recalentamiento del mercado inmobiliario... La proverbial prudencia de los banqueros brilló por su ausencia y nadie hizo nada. Así las cosas, en este sombrío -en términos económicos- arranque de legislatura, parece claro que se impone tocar a rebato y adoptar una serie de medidas de emergencia. El Gobierno no tiene las soluciones en su mano (ni siquiera está en disposición de modificar la política monetaria) pero sí puede tomar decisiones de política económica: desde luchar denodadamente contra la inflación para erradicar de una vez ese diferencial de más de un punto que nos separa de los promedios europeos hasta incrementar todo lo posible la inversión pública en infraestructuras y en viviendas protegidas para compensar la caída de la inversión privada. Éste, el económico, es el verdadero problema que ha de centrar la preocupación política del poder y de la oposición, y no acaba de verse que así se haya entendido plenamente.