Cauleta electoral
El anuncio de Rosa Díez de que su primera iniciativa parlamentaria será la presentación de una proposición de ley para reformar la Ley electoral y las demandas judiciales de IU contra la misma obligan al conjunto del arco parlamentario a tomar postura sobre el tema. El programa de UPyD plantea incrementar los escaños del Congreso a 400, que las circunscripciones electorales no sean provinciales sino autonómicas, que a cada circunscripción se le conceda el mínimo de un diputado, estudiando al mismo tiempo la posibilidad de una circunscripción nacional para la elección de una parte de los diputados. Son ideas que llevan tiempo circulando, aunque por primera vez empiezan a tener una plasmación concreta. Sin embargo, tan razonable parece proponer la modificación del sistema actual por tratarse de una norma preconstitucional como proceder con enorme cautela precisamente porque sobre su andamiaje se realizó la Transición y, en esa medida, formó parte del consenso que la hizo posible.
Actualizado: GuardarLa mayoría de ocasiones en que se ha propuesto cambiar le Ley electoral se ha hecho mención a una supuesta prima que la norma actual concedería a los nacionalismos. Pero dicha prima existe más en un sentido político que legal. Cualquier propuesta de reforma que sea presentada con la finalidad de limitar la presencia de los nacionalismos en las Cortes será percibida como gesto agravio e inducirá tendencias centrífugas a cambio de una corrección que cambiaría muy poco el actual reparto de escaños. Pero no es solo ésta la causa que invita a la cautela y hace recomendable el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias para modificar la Ley electoral. Su reforma no sólo propiciaría el surgimiento de terceras y cuartas fuerzas en el panorama parlamentario. Facilitaría sobre todo la fractura de las existentes, haciendo viable su escisión. Paradójicamente, la circunscripción autonómica afianzaría las inclinaciones territoriales; mientras que la habilitación de la circunscripción nacional para una parte de los escaños del Congreso llevaría a las formaciones nacionalistas a organizarse más allá de sus ámbitos de implantación. En suma, el imprescindible amplio acuerdo sobre un nuevo sistema electoral debería sustentarse sobre el convencimiento previo y general de que sería una solución y no una fuente de nuevos problemas.
