Sin concordia
La aceptación ayer por el Constitucional de las recusaciones solicitadas por el Gobierno contra los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata constituye una decisión muy relevante, que repercute directamente en la composición del Tribunal que ha de dictaminar sobre los recursos interpuestos por el PP contra el Estatuto catalán, los matrimonios homosexuales o el Plan Hidrológico nacional. Con su resolución, el TC aparta a los dos magistrados citados de las deliberaciones sobre la impugnación que presentaron los populares contra la ley que regula el funcionamiento de la institución; y, en concreto, contra la llamada enmienda Casas, promovida por el Ejecutivo para prolongar el mandato de la presidenta, cuyo voto de calidad es determinante en un Tribunal sacudido por las divisiones y las insidias internas. Las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata se justifican por el escrito que ambos remitieron a la aludida, oponiéndose a la nueva ley y exigiendo su dimisión. Ambos habían dado así argumentos para que se dudara de su imparcialidad en el debate sobre el recurso del PP. Pero su exclusión del mismo, que no se ha adoptado por unanimidad, hace aflorar de nuevo las dificultades que se han derivado de la quiebra de la concordia en el seno del TC.
Actualizado: GuardarLa trascendencia de las deliberaciones pendientes compromete no sólo a los magistrados del Constitucional en el ejercicio responsable e independiente de su labor jurisdiccional, sino también al Gobierno y a la oposición en la recuperación de un mínimo consenso que asegure la legitimidad de las resoluciones que adoptan los tribunales aunque se discrepe de ellas.
El permanente cuestionamiento que ha sufrido la autonomía de la Justicia a lo largo de la pasada legislatura, a la que ha contribuido la actitud de algunos de sus integrantes más representativos, y la imposibilidad de que los dos grandes partidos pactaran la renovación del Consejo del Poder Judicial y del propio TC suponen dos problemas con la suficiente entidad como para haber formado parte de la campaña electoral. No fue así, aunque el presidente Rodríguez Zapatero se ha comprometido tras el 9-M a tratar de procurar el acuerdo. Tanto su Ejecutivo como el PP deberán esforzarse no sólo en promover un pacto que propicie los nombramientos ahora bloqueados, sino en reconstruir la confianza de la ciudadanía en la independencia de sus tribunales.
