Garzón imputa a tres responsables del EHAK-PCTV por colaboración con ETA y asociación ilícita

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita al presidente del EHAK- PCTV, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros de esta formación Jesús María Agirre y Sonia Jacinto porque "sin su intervención no habría sido posible llevar a cabo la actividad presuntamente delictiva que se investiga", la sumisión política y financiera de este partido a ETA-Batasuna.

El magistrado ha acordado esta medida tras la vista celebrada ayer para estudiar la posible suspensión de actividades de esta formación y de ANV, cuyo presidente, Kepa Mirena Bereziartua, y dos de sus miembros, Alazne Arozena y Antxon Gómez Lorente, fueron imputados por los mismos delitos.

En el informe remitido a Garzón el 22 de enero, la Policía indica que, aunque el PCTV otorgó poderes a su presidente para "la constitución de servidumbres, hipotecas, depósitos, fianzas, préstamos, así como para realizar operaciones con todo tipo de bancos o entidades de crédito", son Agirre y Jacinto los que canalizaban "la mayor parte de la actividad financiera" aunque la tesorera del grupo parlamentario es Karmele Berasategui, sobre la que el magistrado ha consultado al fiscal si procede solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria.

Por ello, Garzón ha pedido a las entidades bancarias que comuniquen "cualquier operación que pueda producirse en las cuentas" del PCTV hasta que resuelva sobre la suspensión, ya que, de acordarla, decretaría también el embargo de estas cuentas.

Entre las pruebas que maneja la Policía destaca la documentación intervenida en la sede del PCTV en Usurbil (Guipúzcoa) "consistente en contratos de trabajo -fechados en 2006 y 2007- por los que este partido contrataba a miembros de la ilegalizada Batasuna" como Juan José Petrikorena, Marije Fullaondo o Joseba Zinkunegui, entre otros, a los que se les pagaba un sueldo procedente de las cuentas que Agirre y Jacinto manejaban.

Dos dirigentes que ya fueron imputados

Tanto Juan Carlos Ramos como Jesús María Agirre ya fueron imputados en septiembre de 2005 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se ocupó de esta causa cuando sustituyó a Garzón durante su estancia en EEUU. Según fuentes jurídicas, la primera imputación se produjo en una fase inicial de la investigación y únicamente se refería al delito de colaboración con banda armada, al que ahora se ha añadido el de asociación ilícita.

Marlaska también imputó por el delito de colaboración a los responsables de Comunicación del PCTV, Juan José Petrikorema y Peio Gálvez, al responsable de Formación, Eneitz Ugarte, y a los militantes Aritz Blázquez, Javier Ramos, Juan Manuel Rodríguez, Joseba Zinkunegi y Joseba Gotzon Amaro.

El presidente del PCTV estuvo presente en la vista celebrada el pasado lunes ante el juez Garzón, en la que Fiscalía solicitó la suspensión de actividades de esta organización política al considerar que sus vínculos económicos con Batasuna ponen de manifiesto que ha venido funcionando en los últimos años como "un instrumento de ETA".

Suspensión por cinco años

La vista de suspensión de actividades de ANV y PCTV se celebra al amparo del artículo 129 del Código Penal, que prevé que el juez o el tribunal pueda imponer, "previa audiencia del ministerio fiscal y de los titulares o de sus representantes legales y de forma motivada, la clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo", y "la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación".

Una vez oídas las partes, Garzón emitirá sendos autos, previsiblemente a finales de la próxima semana, en los que podría establecer la suspensión de actividades de ambos partidos por un periodo máximo de cinco años. De acordarse este cese, la Fiscalía de la Audiencial ya ha anunciado su intención de solicitar la "individualización y depuración de responsabilidades penales" de determinados miembros del PCTV y ANV. Si el juez apoya esta iniciativa, los principales dirigente de ambos partidos podrían ser citados próximamente ante el magistrado, en calidad de imputados, para declarar por un supuesto delito de integración en ETA y fraude de subvenciones.