Candidata
Se realizó la presentación de la alcaldesa Martínez como primera candidata popular al Congreso. También el alcalde Barroso aspira a diputado. La decisión de incluir a un cargo público municipal para ocupar, al mismo tiempo, otro cargo público a setecientos kilómetros de distancia no dejará de ser legalmente posible pero me parece chocante. Se supone que ambas actividades son lo suficientemente importantes como para exigirles una dedicación completa. Y se supone que, ya sea gestionando fondos públicos como legislando, es un trabajo que hacen voluntariamente, que no gratis, para nosotros. Básicamente, eso, un trabajo. No un concurso de fotogenia. Parecen listas elaboradas con criterios comerciales, como el que vende una marca. Muchos partidos convierten eso tan ambiguo del tirón electoral en el argumento decisivo, más que la profesionalidad del trabajo a realizar, para preferir un nombre a otro. Esa elección transmite al ciudadano la poca confianza que se tiene en la propia plantilla para resolver y administrar. Todos, incluido el votante, necesitan un tutor. El peligro del modelo del superhéroe que gestiona lo público, estando en todas partes y tapando todos los agujeros, es que cuando se van parece que todo se va a venir abajo. No es así, pero mucha gente se lo cree.
Actualizado: GuardarNo sé el efecto que la inclusión de la alcaldesa Martínez tendrá en los resultados que obtenga ahora su lista. Apenas fueron perceptibles en el pasado. Cuando se presentó a las elecciones autonómicas del 2000, con cuatro años ya de alcaldesa de Cádiz y siendo entonces candidata a presidir la Junta, sólo aumentó siete mil votos en la provincia, de los que perdió dos mil en las siguientes elecciones, de 2004. En éstas últimas, su lista obtuvo diez mil votos menos que la presentada por los populares a las elecciones generales, celebradas a la vez. La interpretación de este rechazo de su propio electorado no deja de ser especulativa, pero me atrevo a opinar que debe tener su origen en la propia política localista, egocéntrica, con que gobierna la ciudad de Cádiz. En su gestión ha habido restricción de derechos de uso de instalaciones a los no gaditanos (buhobus) o propuestas en ese sentido (limitación del uso de piscinas municipales), declaraciones ofensivas sobre los embotellamientos de tráfico y otras incomodidades ocasionados por no empadronados, desconfianza hacia los censos de las poblaciones cercanas, una política de transportes públicos aislada de la de las restantes poblaciones de la Bahía o la misma amenaza de salir de esa Mancomunidad por exclusivos intereses partidistas. Como es, literalmente, la cara de esa política aislacionista, que cree tan rentable dentro de la ciudad, se gana antipatías fuera. Ya veremos.
Por lo mismo, su anuncio de que va a repartirse entre ambos destinos, puede inquietar a sus partidarios. Aunque ya fuera diputada nacional durante once años, sólo compatibilizó la alcaldía durante cuatro, desde 1996 al 2000, tiempo en que gobernaba en Madrid su partido. Este dato es importante porque sólo en ese supuesto se cumple que un alcalde diputado pueda obtener alguna influencia añadida para su ciudad. Hecho, además, que es muy incómodo de explicar en el resto de la provincia: que ahora se les pide el voto para conseguir más cosas en la capital. Es lo que anuncia la propia alcaldesa Martínez al decir que, como diputada, «podré estar más encima de los temas relacionados con el 2012». Lo que, por otra parte, supone una declaración explícita de que la parte importante de esos temas se dispone realmente en Madrid, y no aquí, como venía defendiendo.
La condición de diputada impone, entre otras incompatibilidades, la de no poder tener cargo alguno en ninguna empresa pública. Esta circunstancia ya la obligó a dimitir, en febrero de 1997, de la presidencia de Puerto América. Y es una limitación que la ley le impone a una posible, o en el futuro conveniente, necesidad de la ciudad. Tampoco se dice quién va a ejercer realmente la alcaldía de Cádiz los días que tenga que asistir, como un deber de diputada, a los Plenos y a las comisiones a las que pertenezca. Ese tiempo se lo quita a la labor para la que fue elegida. Toda una dejación de responsabilidad.
