TENSIÓN. Un policía nacional intenta hacer salir a una mujer de una casa de la calle Cruces. / C. L.
EL PUERTO

Los vecinos de Cruces 32 impiden a la Policía llevar a cabo el desalojo

Pepa Conde, edil de IU, denunció a un agente «por haber usado fuerza bruta»

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Adela Suárez, inquilina de una de las viviendas de la calle Cruces 32, no abandonó ayer su casa a pesar de la orden judicial de desalojo, a pesar de que una veintena de agentes de la Policía Nacional intentaron desalojar la casa.

Las fuerzas de seguridad tuvieron que desistir de llevar a cabo el desalojo ante la presión de los vecinos, los miembros del Foro Social y la edil de IU, Pepa Conde, que se negó abandonar la vivienda. Los momentos de tensión se vivieron durante más de dos horas, en las que los policías ordenaron a todos los que presenciaban los hechos, incluidos los medios de comunicación, a que permanecieran en la calle.

Conde se negó rotundamente a salir de la casa y tuvo que ser sacada por uno de los agentes, al que posteriormente la edil interpuso una denuncia al considerar que «se había utilizado la fuerza bruta contra ella».

Mientras, Adela Suárez, permaneció en todo momento encerrada en su casa reivindicando «ayuda municipal», ya que asegura que no cuenta con medios económicos para alquilar otra vivienda y sabe que «de un momento a otro los agentes pueden cumplir la orden judicial».

Pero este no es el único caso, ya que los próximos 23 de enero y 12 de febrero otras dos familias serán desalojadas por orden judicial tras la denuncia interpuesta por la propietaria de la finca que no quiere seguir renovándoles los contratos a los vecinos.

Sólo, Adelina Laoz, una anciana que habita en el inmueble desde hace más de 70 años, cuenta con contrato indefinido y no tendrá que abandonar la casa.

Los vecinos abonan una media de 150 euros mensuales por unas viviendas que «no reúnen las condiciones mínimas de higiene y salubridad, ya que la propietaria, a pesar de las exigencias municipales, no ha acometido obras de ningún tipo pese al deterioro extremo de la finca», y el Ayuntamiento tampoco ha actuado de manera subsidiaria. Así, Conde denuncia que «estamos ante un caso de asustaviejas ante la permisividad del equipo de Gobierno que no ha hecho nada para evitarlo».

elpuerto@lavozdigital.es