La CIA reconoce que destruyó vídeos de duros interrogatorios a miembros de Al-Qaeda
Dentro del descrédito acumulado por algunas de las secretas tácticas antiterroristas aplicadas por la Administración Bush tras el 11-S, la CIA se ha visto obligada a reconocer que destruyó al menos dos grabaciones de violentos interrogatorios a dos destacados cabecillas de Al-Qaeda. Este material audiovisual, según indicó ayer el director de la agencia, Michael Hayden, fue realizado como parte de un esfuerzo de documentación y control interno. Pero se optó por su eliminación hace dos años por temor a que las cintas terminasen por ser filtradas al público y revelasen la identidad del personal de la CIA.
Actualizado: GuardarEstas explicaciones, forzadas por una investigación periodística de 'The New York Times', han servido para plantear un nuevo escándalo en Washington sobre extralimitaciones de la Administración Bush. Polémica alimentada, entre otras cosas, por la coincidencia de la destrucción de estos vídeos con el escrutinio sobre la red secreta de prisiones extrajudiciales autorizada a la Agencia Central de Inteligencia por la Casa Blanca. Con el agravante de que la CIA habría ocultado este material a toda una serie de pesquisas judiciales y parlamentarias, incluida la comisión bipartidista encargada de investigar el 11-S.
Hombres de Bin Laden
De acuerdo a la limitada información sobre estas grabaciones de múltiples horas de duración, una corresponde al interrogatorio de Abú Zubaydah, considerado un destacado lugarteniente de Osama bin Laden. La otra cinta es de otro colaborador de Al-Qaeda no identificado. Se supone que durante estos interrogatorios, agentes de la CIA utilizaron la polémica técnica conocida como 'waterboarding', que consiste en simular un ahogamiento en agua.
La decisión de destruir estos documentos ha sido atribuida a José A. Rodríguez Jr., que por entonces ocupaba la dirección del servicio de operaciones clandestinas. Un veterano de la CIA de origen puertorriqueño, con extensa experiencia por toda Iberoamérica, y que desde este verano disfruta de su jubilación.
La polémica ha servido a la oposición demócrata en el Congreso para orquestar una ofensiva contra las tácticas antiterroristas tras el 11-S. Con el correspondiente requerimiento al Departamento de Justicia para que se investiguen «posibles violaciones de la ley».
