El Gobierno de IP se sirvió del silencio administrativo para legalizar viviendas
Hernán Díaz admite que «sólo se regularizaron cien viviendas ya que el resto no lo sabía o no tenía dinero suficiente» Reconoce que, en ausencia de Juan Carlos Rodríguez, él mismo firmaba los decretos «a todo aquel que nos lo pedía»
Actualizado: GuardarPor arte de magia. Así es como Independientes Portuenses llegó a regularizar viviendas que estaban fuera de planeamiento durante la pasada legislatura.
La figura legal que utilizó el grupo independiente fue la del silencio administrativo, un procedimiento que pretende amparar al ciudadano frente a la lentitud de la burocracia.
El artículo 43 del régimen jurídico de la Administración Pública suscribe que «el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución al interesado, deduce la estimación del caso por silencio administrativo».
En resumen, si se demanda una licencia al Ayuntamiento y este organismo no contesta al requerimiento en el plazo estipulado, se deduce que la administración local ha fallado positivamente por silencio administrativo.
De este modo se llegaron a legalizar viviendas bajo el mandato de las siglas de IP. El propietario de una casa irregular presentaba un proyecto de legalización, donde un arquitecto asevera que la construcción tiene más de cuatro años de antigüedad y no se encuentra bajo suelo de especial protección. Al no contestar en el plazo establecido, que suele ser de tres meses de duración, el dueño del inmueble veía su propiedad legalizada por el silencio administrativo del Ayuntamiento. De hecho, técnicos municipales del Área de Urbanismo se encargaban de mandar la resolución positiva sobre estos casos.
En este sentido, un buen número de los cien inmuebles legalizados por el Gobierno local de Independientes Portuenses fueron regularizados por este mecanismo.
Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, esta figura administrativa carece de base legal a la hora de regularizar una vivienda ya que el inmueble permanece sobre suelo no urbanizable, por tanto, no cumple la ley urbanística. Es decir, el silencio administrativo no puede aprobar algo que se encuentre fuera de la legalidad.
La versión de IP
Hernán Díaz, alcalde durante la pasada legislatura, ha subrayado que «esta fórmula legal es tan válida como cualquier otra, aunque particularmente no recuerdo haberla usado».
Además, el ex alcalde ha rechazado que haya habido arbitrariedad a la hora de legalizar unas viviendas sí y otras no. «Regularizamos a todo aquel que lo pidió. No hicimos distinción de ningún tipo. Ni eran mis amigos ni los conozco particularmente».
Además, el ex primer edil ha justificado por qué su firma aparece en estos decretos. «Juan Carlos Rodríguez estaba de vacaciones. Entonces firmaba yo los decretos. Pero no era lo habitual», ha afirmado el ex alcalde.
Sin embargo, Hernán Díaz no ha podido aclarar por qué no se legalizaron todos los diseminados municipales por decreto en vez de un centenar. «Supongo que no sabían que existía esta posibilidad o no tenían el dinero suficiente ya que un proyecto de legalización cuesta más de 3000 euros», ha matizado.
Justificación legal
IP ha afirmado que legalizaba viviendas a través del artículo 185 de la nueva Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Este artículo destaca que «se pueden legitimar aquellas construcciones que entren dentro de la normativa urbanística». Si la construcción transgrede la ley, caso de las casas construidas sobre suelo no urbanizable, ese inmueble jamas podrá ser regularizado.
Por todo ello, estas viviendas se encuentran actualmente en un limbo jurídico. El anterior Gobierno regularizó viviendas sin ninguna base legal y los propietarios pagaron alrededor de 3.000 euros por esta regularización fantasma.
Para terminar de rizar el rizo, la actual edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha subrayado que «no vamos a revocar estos decretos ya que los propietarios podrían emprender acciones legales y tendríamos que indemnizarlos».
elpuerto@lavozdigital.es
