El departamento legal de la CNMV dificultó la investigación sobre el desfase patrimonial de Gescartera

La Audiencia Nacional celebra hoy la decimoctava sesión del juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera , en la que ha declarado como testigo el antiguo director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) David Vives. El testigo elaboró en abril de 1999 un informe en el que detalló la existencia de irregularidades en la agencia de valores y un posible desfase patrimonial de 27 millones de euros.

Vives Llor ha acusado al "departamento legal" del organismo supervisor y, en concreto, al secretario del consejo Antonio Alonso Ureba de poner "serias dificultades internas" para investigar el desfase patrimonial de Gescartera en 1998. Este "descuadre" patrimonial pudo provocar, en abril de 1999, la intervención de Gescartera por parte de la CNMV pero, según la versión de Vives, en aquel momento no hubo "certeza absoluta" del desfase.

En este Consejo de la CNMV, según fuentes jurídicas, los consejeros Pilar Valiente -posteriormente presidenta del organismo-, Luis Ramallo y José María Roldán votaron en contra de la intervención, mientras que el presidente Juan Fernández Armesto y Juan Antonio Barberán -consejero de supervisión- se manifestaron a favor. El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, no pudo asistir.

Como el informe realizado por David Vives "daba pie a preocupación" y "había suficientes indicios de que la operativa era incorrecta", la CNMV decidió "que se iba a extremar la vigilancia contra la entidad", "apretar las tuercas" a Gescartera y entrar a investigar hasta qué punto había "operaciones indebidas", si existían los fondos de clientes o si se habían pasado "pérdidas de un cliente a otro".

Muchas dificultades para avanzar en la investigación

Sin embargo, Vives ha asegurado que se encontró con muchas dificultades para avanzar en su investigación puesto que "no nos permitían reunirnos con ciertas personas o rellenar ciertos requerimientos". Además, ha recordado las quejas de Gescartera por su labor investigadora así como que el vicepresidente Luis Ramallo era el que más se interesaba por sus pesquisas. Por ello, a mediados de 1999, Vives decidió plantear un ultimátum al presidente Fernández-Armesto y al consejero José Antonio Barberán.

Tras esto, el presidente decidió cambiar la dirección de la investigación al jefe de la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM) a Antonio Botella, al que Gescartera le da documentación no veraz y falsa para cerrar la investigación hasta que, en junio de 2001, bajo la presidencia de Pilar Valiente, la CNMV decide intervenir la agencia de valores, con un agujero patrimonial de 50 millones de euros.

Cuentas sin firmas

Por otra parte, también han declarado hoy los apoderados de la oficina del Deutsche Bank con la que operaba Gescartera, quienes han indicado que sólo recabaron el 40% de las firmas de los clientes de las 1.050 cuentas bancarias abiertas por la agencia de valores, por orden del director general de DB, Agustín Fernández Muñoz, amigo de Antonio Camacho.

En la Audiencia Nacional, tanto Pablo de la Mata Fernández como José Ramón Díez Álvarez relataron que más del 60% de las cuentas se "aperturaron" sin la presencia física ni la firma de los titulares de las mismas, en contra de lo que suele ser habitual en los bancos. Asimismo, ambos han señalado que estas cuentas les llegaron desde Bankinter, en abril de 1999, y las traspasaron a Caja Madrid Bolsa SVB a finales de este año.

Deutsche Bank dejó de operar con Gescartera tras pedir la agencia de valores que la entidad financiera rebajara el porcentaje de comisiones, algo que según la acusación fue una excusa para clausurarlas, mientras que Bankinter concluyó su relación con Gescartera, ocho meses antes, al exigir a Gescartera una autorización expresa de los clientes para la apertura de las cuentas. Precisamente, al no poder contar con este requisito, los responsables de Gescartera negociaron con el director del Deutsche Bank SAE, Agustín Fernández Muñoz, ya fallecido, el traspaso de las cuentas llegando a un acuerdo, el cual desconocían muchos de los clientes.

Al igual que ocurrió cuando operaba con Bankinter, los responsables de Gescartera hicieron transferencias a favor de BC Fisconsulting -ligada a Antonio Camacho- con cargo a los fondos de los clientes de la sociedad general de carteras, bajo una supuesta operativa de compraventa de valores, tal y como ha demostrado el fiscal, al exhibir una transferencia de este tipo por valor de 200 millones de pesetas (1,20 millones de euros).