Quiebra constitucional
El enfrentamiento que el PSOE y el PP vienen librando a lo largo de la legislatura en asuntos esenciales para el adecuado desenvolvimiento de la vida política e institucional ha desembocado ya en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y amenaza con paralizar el Tribunal Constitucional, provocando una crisis inédita desde la instauración de la democracia. La determinación de las dos grandes formaciones por proyectar su disputa más allá de los márgenes partidarios ha conducido a la práctica incapacitación de dos de los pilares -el tercero es el Supremo- sobre los que se sustenta la Administración de Justicia y la correcta separación entre poderes que ha de regir el Estado de Derecho. La manifiesta incapacidad del Gobierno y del PP para pactar una fórmula de renovación del Consejo, que se encuentra en situación de interinidad desde hace casi un año, ha obligado a posponer la nueva configuración del máximo órgano de gobierno de los jueces hasta después de las elecciones de marzo. Pero ese aplazamiento no sólo no frenará el continuado desgaste que viene sufriendo el CGPJ, sino que tampoco ofrece garantía alguna sobre una futura resolución del problema de fondo, que no es otro que la resistencia de los partidos a asumir con pleno sentido democrático que sólo la independencia real de los magistrados y su órgano de gobierno preservará la legitimidad de sus decisiones.
Actualizado: GuardarCon todo, aún más grave es la erosión que está soportando el Constitucional, abocado al anquilosamiento después de que el PP haya recusado a tres magistrados en el enjuiciamiento del recurso que interpuso contra la Ley que regula el funcionamiento de la institución; este movimiento, unido a la solicitud previa del Gobierno para apartar del debate a dos jueces más -otro hecho sin precedentes- y a las abstenciones de la presidenta y el vicepresidente del Alto Tribunal, privaría a éste del quórum imprescindible para poder adoptar cualquier resolución. Que la iniciativa de los populares se base en la filtración de una conversación supuestamente irregular llevada a cabo puertas adentro del Constitucional refleja el grado de deterioro al que han llegado las propias relaciones personales y profesionales entre los dos sectores confrontados en la institución, que ha visto cómo crecían las presiones externas desde que el PP formalizó, en julio de 2006, su impugnación del Estatut catalán. Por ello resulta una impostura que los dos grandes partidos se escandalicen ahora por la quiebra abierta en el sistema constitucional a la que han contribuido decisivamente, tratando de convertir el Alto Tribunal en una especie de instancia de revisión de las decisiones del Poder Legislativo. Como resulta ya del todo cuestionable que la actual configuración de la institución logre enderezar su crisis interna, aun cuando su presidenta, María Emilia Casas, asegurara ayer que los magistrados buscarán cómo resolver tan penosa e inquietante situación.
