El Tribunal de Estrasburgo no decidirá sobre la ilegalización de Batasuna hasta después de las elecciones

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), no se pronunciará sobre la corrección o no de la ilegalización de Batasuna, acordada en 2003 por el Tribunal Supremo y ratificada un año después por el Constitucional, hasta después de las elecciones generales del próximo mes de marzo.

La primera consecuencia de los plazos previstos por el tribunal europeo es que cualquier intento de la izquierda abertzale de concurrir con listas propias a los próximos comicios, tal como ya han anticipado algunos de sus líderes, tendrá que pasar por el filtro de legalidad del Supremo y Constitucional. Como en ocasiones anteriores, a la vista de la Ley de Partidos, anularán las listas si cuentan con pruebas de que son herederas del partido proscrito.

El recurso de Batasuna ante el tribunal de Estrasburgo es la última esperanza de la formación ilegalizada de retornar a las instituciones sin tener que plegarse a las exigencias de la Ley de Partidos ni pasar por el registro del Ministerio del Interior para crear un nuevo partido que rechace el terrorismo de ETA y acate la Constitución. Su aspiración es que el tribunal acepte su recurso y el Gobierno español se vea en la obligación de reformar o derogar la Ley de Partidos, o al menos flexibilizar su aplicación.

Las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos no son vinculantes para los Estados ni tienen la capacidad de casar las decisiones de los tribunales nacionales, pero tienen gran prestigio y marcan una obligación moral para los gobiernos, como el español, que reconocen su autoridad y han firmado los convenios europeos de derechos fundamentales.

Motivos

El presidente del tribunal de Estrasburgo, Jean Paul Costa, que ayer asistió a unas jornadas jurídicas en Madrid y se entrevistó con los máximos responsables del Supremo, explicó que aún quedan unos seis meses para que la sala que tramita el recurso de Batasuna decida si lo rechaza o si inicia una deliberación que terminará en sentencia.

La representación legal del partido proscrito denunció las resoluciones del Supremo y del Constitucional porque considera que violaron los derechos a un juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a la libertad ideológica y de expresión y, sobre todo, a la libertad de asociación.

El Gobierno pide un respaldo sin paliativos a la sentencia del Supremo que ilegalizó a Batasuna por ser el brazo político de ETA, y a la resolución del Constitucional que, también por unanimidad, resolvió que el Alto Tribunal español no vulneró derecho fundamental alguno de Batasuna en el proceso de ilegalización.