La Junta rechaza el Plan General municipal por su «crecimiento injustificado»
La Consejería de Obras Públicas ha hecho público el informe de incidencia territorial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Su contenido no puede ser más demoledor ya que este documento es desfavorable al Plan Urbano aprobado provisionalmente.
Actualizado: GuardarEl documento de Obras Públicas afirma que «estos crecimientos urbanísticos no están justificados», pues las previsiones de aumento de población supone «un máximo de 100.000 habitantes para 2018» mientras que el Plan General pretende «construir viviendas para 70.000 nuevos habitantes», un aumento cercano al 90%, cuando el máximo permitido por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) es del 30%.
Asimismo, el informe redactado por la delegación provincial critica «la falta de datos» que incluye el Plan General, «al no aportar información del suelo urbano actual, ni el suelo no urbanizable». No obstante, basándose en los datos parciales que aporta el plan local y en los datos estadísticos de la propia Junta de Andalucía, Obras Públicas concluye que «se pretende recalificar más de doce millones de metros cuadrados», lo que supone un aumento del 50%.
Además, la Junta de Andalucía ha criticado que «las cuarenta urbanizaciones ilegales hayan sido catalogadas como suelo urbano cuando deberían de ser contempladas como nuevos suelos a recalificar».La suma de suelo industrial, viviendas ilegales y construcción de nuevas viviendas supera los 20 millones de metros cuadrados, es decir, un aumento cercano al 80% cuando la normativa andaluza pone un tope del 40%.
Respecto al número de viviendas, el informe es tajante. El Plan General pretende construir 34.269 nuevos inmuebles en la localidad. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha limitado las nuevas edificaciones a 10.506. Es decir, se tienen que eliminar 23.000 nuevas construcciones del plan municipal. De hecho, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, ya advirtió en su día, que «el informe había rebajado a menos de la mitad el número de nuevas construcciones permitidas».
Por todo ello, el dirigente ecologista, Juan Clavero exige que «se proceda a redactar un nuevo PGOU» o en su defecto, que «se realice una remodelación sustancial que permita la reconversión de este documento en un plan mínimamente sostenible».
